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J. S.
Viernes, 7 de octubre 2022, 00:38
Los geriatras alzan la voz de alarma. Cada vez es más frecuente que se produzcan casos de abusos económicos sobre los ancianos cuando ya no ... tienen la suficiente capacidad cognitiva para responder.
Así lo ha señalado el doctor Francisco Tarazona, vocal clínico de la Sociedad Española de Geriatría, quien ha señalado que algunos familiares aprovechan los últimos momentos del anciano para, entre otras acciones, cambiar el testamento. «He sido tres veces testigo en un proceso judicial», ha explicado el experto.
Tarazona ha resaltado que los casos de abusos físicos a ancianos son casi testimoniales. En cambio, según relata el experto, se han incrementado los económicos. ¿Y cómo se descubren estos casos? Por las denuncias que presentan los familiares que se ven excluidos.
Las cantidades económicas pueden llegar a ser bastante abultadas. Tarazona ha recordado que muchas de las compras de preferentes realizadas por ancianos previas a la crisis económica de 2008 fueron anuladas por los tribunales basándose en que los mayores que las compraban no tenían la suficiente capacidad para dilucidar qué operación económica estaba realizando.
En este sentido, la posición de Tarazona coincide con la expresada por la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Teresa Gisbert, que en su intervención en la apertura del año judicial advirtió de que el ministerio público recibe informes de personas mayores que viven solas sujetos a posibles abusos económicos y le llegan noticia de posibles conflictos familiares que pueden afectar a la salud mental y patrimonial de los ancianos.
Por otro lado, el vocal de la Sociedad Española de Geriatría se ha mostrado partidario de que la policía autonómica tenga una unidad especializada en el control de los posibles abusos a ancianos. «Todo lo que sea prevenir es positivo», ha resaltado. Tarazona apoya así la petición formulada por la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat durante la apertura del año judicial.
Francisco Tarazona ha señalado, por otra parte, que lo mejor para el anciano es permanecer en su domicilio antes que acudir a una residencia salvo cuando las situaciones de dependencia aumentan y necesita unos cuidados muy específicos como los casos de demencia severa o una discapacidad grave.
En esta línea, el geriatra ha explicado que en su opinión la Comunitat cuenta con suficientes plazas. Ha recordado que no hay una lista de espera muy elevada en el caso de las residencias privadas. Las públicas son otra cuestión porque hay muy pocas. En cualquier caso, Tarazona ha considerado que en el futuro serán necesarias muchas más ante la tendencia al envejecimiento de la población.
El experto también se ha referido al uso de sujeciones tanto físicas como químicas y ha explicado las residencias en la Comunitat tienen un plan para ir relegando su uso, retirarlas y dejar de utilizarla.
La fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia en su intervención también reclamó más actuaciones para salvaguardar las residencias y proteger a sus moradores.
En este sentido, Teresa Gisbert además de pedir una unidad especializada de la policía autonómica en maltrato en las residencias con mayor capacidad de comunicación con personas con discapacidad personal, reclamó la construcción de más plazas en estos centros de mayores, el incremento de las plantillas laborales de estos centros , la mejora de la formación del personal y el incremento de las inspecciones para garantizar los servicios.
La ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2023 incluirá medidas como que los futuros centros residenciales solo podrán tener un máximo de cien plazas para asegurar la calidad y el bienestar de los residentes, así como la prohibición de que las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme puedan acceder a contratos públicos.
Así lo avanza la Conselleria de Hacienda respecto a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, publicada este jueves para el trámite de información pública. Los agentes económicos, sociales y los particulares podrán realizar aportaciones antes de su aprobación definitiva.
El conseller Arcadi España asegura que esta ley refuerza la acción del Consell en materia de política social, concentra competencias, mejora los servicios de transporte en los municipios y aumenta la protección sobre actividades como música y pirotecnia.
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