La gestión de los centros de menores desborda a Oltra

A mediados de mayo del pasado ejercicio, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunciaba un nuevo modelo para la acogida de los menores tutelados por la Generalitat, centrado en mejorar la atención que venían recibiendo, en incentivar el acogimiento familiar y en transformar en auténticos hogares los centros en los que residían. Esa comparecencia vino acompañada por una serie de denuncias sobre la situación que se reproducía en aquel momento. Graves deficiencias en el centro de recepción del valenciano barrio de Monteolivete, supuestos malos tratos en el de Segorbe -gestionado por una congregación religiosa-, o la falta de autorización en las instalaciones Penyeta Roja, en Castellón, fueron algunos de los ejemplos que destacó Oltra en su intervención.

Sin embargo, la situación actual todavía dista de las previsiones iniciales y sólo ha hecho falta poco más de un año para que se ponga de manifiesto que la gestión de estos centros de menores podía convertirse en una bomba de relojería que, finalmente, ha terminado por estallar en las manos de la propia consellera. Saturación por la llegada masiva de menores no acompañados -especialmente en los centros de recepción de Buñol y Alicante-, vecinos en pie de guerra y ayuntamientos que se rebelan por las ubicaciones escogidas -Llíria y Paterna, entre otros-, y magistrados que archivan las denuncias de la vicepresidenta contra el centro gestionado por las religiosas en Segorbe han sido los detonantes.

Así, son varios los puntos candentes de un ámbito en el que se han puesto todos los focos, aunque el principal está en Buñol, el municipio escogido para ubicar el centro de recepción de la provincia de Valencia que, hasta ese momento, se encontraba en Monteolivete. Las condiciones eran propicias, puesto que el inmueble de la localidad es propiedad de la Generalitat y expiraba la concesión de la entidad que, hasta ese momento, lo gestionaba como centro de acogida. Sin embargo, una infraestructura inadecuada y una insuficiente cantidad de profesionales para el aluvión de menores que ha venido tutelando la Generalitat, especialmente los conocidos como menas -menores no acompañados que suelen proceder de países africanos o Europa del Este-, derivó en que se llevaran a cabo distintas inspecciones -de Trabajo y del Síndic de Greuges, entre otros- y la Fiscalía emitiera un requerimiento para que se subsanaran las deficiencias que presentaba. En este tiempo, como recuerda la alcaldesa de la población, Juncal Carrascosa, la masificación del centro, en ocasiones «con más de 80 residentes», el doble de las plazas previstas, ha propiciado que se generen en la población problemas de convivencia y peleas. Además, los pequeños hurtos y el vandalismo se han incrementado en la localidad y, aunque desde el Consistorio no acusan directamente a los residentes del centro, los vecinos empiezan a mostrar su malestar, especialmente por las reyertas que protagonizan.

La situación es tal que, a principios de septiembre, la alcaldesa remitió una carta a la Fiscalía Provincial de Valencia en la que solicita una nueva inspección para tratar de atajar la problemática.

Fuentes sindicales y de los trabajadores de estos centros, especialmente de los de recepción, apuntan que el sistema está «desbordado», que se incumplen las medidas de prevención de riesgos laborales y que la temporalidad de las plantillas es «un mal endémico», mientras que la elaboración de los pertinentes planes de intervención individuales de los residentes dista mucho de ser la idónea.

El centro de menores de Segorbe, gestionado por las Hermanas Terciarias, tuvo que digerir intensas acusaciones de maltrato a los residentes -duchas frías y comida caducada, entre otros aspectos- por parte de la vicepresidenta. La conselleria, incluso, trasladó a los menores acogidos a otros centros, por lo que las instalaciones quedaron en desuso. Las religiosas, asimismo, perdieron la gestión de otros dos centros -el de Nules y Plana Baixa- después de no hacerse con los concursos. Por ahora, sólo mantienen la gestión del centro de Massamagrell a través de una prórroga.

Sin embargo, tanto estas denuncias como el caso del supuesto abuso sexual de un educador a una menor fuera de las instalaciones del recinto, han quedado archivadas. El departamento de Oltra no ha aportado pruebas suficientes que sostengan las graves acusaciones vertidas, aunque el daño a la imagen de las religiosas será difícil de reparar.

Por contra, todavía queda por resolverse el recurso que la congregación interpuso contra la decisión de la consellera de trasladar a los menores a otros centros. Podría ser la puntilla a Oltra en este delicado caso.

Tras conocer la noticia de que Llíria iba a acoger el futuro centro de recepción de menores de Valencia -función que, en la actualidad cumple el de Buñol-, los vecinos organizaron varias manifestaciones y presentaron casi 4.000 firmas para reclamar una consulta ciudadana sobre el proyecto, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta. La previsión que desde el principio ha barajado la conselleria es que a principios del próximo año se pueda acometer el traslado del centro de recepción de Buñol a Llíria, pero el proyecto para rehabilitar el inmueble donde se ubicará el recinto prevé que las obras se alargarán durante cerca de un año. Desde el PP siempre se han opuesto a la instalación del centro de recepción en ese inmueble por su ubicación, alejado de servicios educativos, sanitarios o de transporte, porque ha sido declarado en estado de ruina, y por la fórmula escogida para su reforma. Según explicó Reme Mazzolari, edil de Llíria, la ejecución de las obras se ha dividido en dos fases «por falta de dinero» -el convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación apenas contempla la mitad del coste-, por lo que el grupo municipal popular ya ha puesto el caso en manos de su abogado, por lo que la infraestructura amenaza con enquistarse.

Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas indicaron que las obras del centro de Llíria forman parte del plan de Infraestructuras que la conselleria y la Diputación de Valencia impulsaron. «Este plan suponía que las obras las ejecutaban los ayuntamientos con fondos de la Diputación y la conselleria se encargaba del equipamiento, por lo que, en este sentido, el avance de las obras no es algo que dependa de la Conselleria», apuntaron desde el departamento.

También está en el aire el centro de acogida de menores previsto en Paterna. Ante el rechazo vecinal que suscitó la instalación y la falta de información, parte del equipo de Gobierno municipal -la conformada por el PSPV, con el alcalde a la cabeza- optó por afear a Oltra las formas y paralizar el proceso, uno de los aspectos que provocó que, finalmente, los socialistas hayan roto su pacto con Compromís, hasta entonces su socio en el Consistorio. Ahora, se han suspendido las licencias para usos asistenciales en suelos privados en la localidad -la que debe contar este centro- a la espera de un informe de Urbanismo y de la valoración de una comisión creada junto con Servicios Sociales y Participación Ciudadana.

Por otra parte, tanto fuentes vecinales como de los trabajadores de los centros de menores indicaron que el centro estaba ya prácticamente listo para acoger a los menores, pero que en los últimos días han visto a operarios retirando mobiliario del inmueble. Frente a ello, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguraron que el proyecto sigue los tramites administrativos pertinentes.

Los mayores problemas se han registrado en el centro de recepción de Buñol, la puerta de entrada al sistema de protección de los menores tutelados por la Generalitat, y el que reúne durante las primeras semanas o meses a los 'menas' (menores no acompañados) procedentes sobre todo del norte de África o de Europa del Este. El aluvión de 'menas' ha saturado puntualmente el centro y originado los problemas. Sin embargo, durante el verano, y coincidiendo con las fiestas del municipio, la conselleria traslada a los menores a unos albergues juveniles y este año, según la alcaldesa de la localidad, no han regresado todos a Buñol, por lo que, en la actualidad, la cantidad de menores acogidos es acorde a las plazas que presenta. El resto han sido reubicados hasta en seis emplazamientos distintos, según fuentes de los trabajadores, aunque este diario prefiere no desvelarlos para proteger la intimidad de los menores -uno de ellos es un antiguo convento-. Fuentes de los trabajadores apuntan que el cierre de Monteolivete y el traslado provisional a Buñol, hasta que las instalaciones de Llíria estén listas, fue precipitado y que, en un primer momento, no se contaba con la infraestructura necesaria.

Menores tutelados por la Generalitat también provocaron el pasado mes de agosto en Moraira varios problemas de inseguridad, especialmente por una reyerta en el albergue juvenil en el que se alojaban, lo que obligó a emplearse a fondo a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Incluso uno de los trabajadores del centro sufrió una agresión.

También en la provincia de Castellón está en el punto de mira el centro de Penyeta Roja. Hace un año y medio, la conselleria empezó a trasladar a menores de ese centro a otros porque las instalaciones carecían de autorización, aunque el paso del tiempo hizo que volvieran a a acoger a otros menores tutelados. Desde la conselleria apuntan ahora que «el funcionamiento de esta centro era ejemplar pero debido a la antigüedad de las instalaciones no se adaptaba a las exigencias técnicas actuales». Por tanto, «cuando el nuevo centro que se está acondicionando en Castellón esté en marcha, se terminará la actividad en Penyeta». «Cuando estas obras, que ya se han ejecutado en una primera fase, estén listas se procederá al traslado de la actividad», añadieron.