El Gobierno abre la puerta a reformar la Selectividad por la disparidad de pruebas

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en otras comunidades denominadas Ebau y en cualquier casa conocidas simplemente como la Selectividad, han empezado esta semana en la mayoría de comunidades, entre ellas la valenciana, aunque cinco regiones las han programado para la próxima. La diferencia de calendarios es una característica endémica del sistema, que en la práctica implica el diseño de 17 pruebas distintas (una por comunidad), con las correspondientes diferencias en sus criterios de corrección e incluso en los contenidos, aunque dentro del marco curricular de 2º de Bachillerato. Y todo para llegar al mismo objetivo: acceder a la universidad, estudios en los que impera el distrito único: la nota obtenida es válida para cualquier universidad del país.

Coincidiendo con el arranque de las pruebas vuelve el debate sobre la oportunidad de modificar este filtro por el que pasa la inmensa mayoría del alumnado de Bachillerato. El anterior intento, la reválida común derivada de la Lomce -basada en preguntas tipo test-, acabó en un estrepitoso fracaso al ser enterrada por el propio PP en 2016 para garantizar la investidura de Rajoy.

A mediados de mayo la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, abrió la puerta a cambiar el modelo actual para que exista un mismo grado de dificultad, aunque las pruebas no sean necesariamente iguales, una opinión muy parecida a la del nuevo presidente de los rectores españoles, Juan Carlos Gómez, que sí se mostró partidario de un examen común para las autonomías. Ayer el debate se avivó con las declaraciones de dos pesos pesados del Gobierno, que a la postre tiene la llave de cualquier cambio.

El secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, aseguró que «merece la pena» reflexionar sobre la disparidad de los exámenes, declaraciones que recogió la agencia Efe y que hizo en un acto institucional. Eso sí, no se mostró a favor de una prueba común, aunque sí de aumentar la homogeneidad. Tiana destacó que reducirlo todo «a un examen único al final no tiene sentido» y dijo que no está claro que los resultados «sean tan diversos» entre las comunidades.

A su juicio, para igualar todas las pruebas «tendrían que reducirse todos los contenidos» y podría «ser perjudicial desde el punto de vista del aprendizaje». También defendió que ni en PISA hacen los alumnos el mismo examen «porque hay varios cuadernillos que rotan». Eso sí, cada pregunta está medida y encasillada en un nivel de dificultad concreto, por lo que sí existe equilibrio entre estos. «Otra cosa es que vayamos a buscar un sistema que permita cierta convergencia, homogeneidad o criterios similares, pero eso no quiere decir que sean modelos de examen idénticos», recalcó, antes de plantear un análisis en profundidad de la situación actual.

Por su parte, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, defendió el sistema actual -17 pruebas distintas- y dijo que funciona «aunque con algunos defectos», según recogió Europa Press. Eso sí, reconoció que el debate «está sobre la mesa» y añadió que será uno de los temas que tendrá que tratar el próximo Gobierno, aunque abogó por dar voz a los expertos. «Experimentos ni con gaseosa», ejemplificó. «Dependiendo de con quién hables, unos dicen que sí hay desigualdades y otros que no las hay. Lo que es verdad es que cuando los expertos hablan sobre el tema, ven que no es un problema demasiado importante», señaló.

El debate también se alimenta periódicamente desde algunas comunidades, que se consideran perjudicadas por el sistema actual ante la disparidad de criterios de elaboración y corrección. Son recurrentes las quejas desde Galicia o Castilla y León, donde tradicionalmente las tasas de abandono de los estudios son bajas y los resultados de PISA positivos. Y sin embargo esta ventaja no se traslada a las calificaciones de Selectividad, donde regiones tradicionalmente peor situadas en los indicadores anteriores obtienen notas medias más elevadas.