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El turismo supone para regiones como la valenciana un importante impulso económico, pero también un nada desdeñable coste para las arcas públicas. Mientras hoteles, restaurantes ... y demás negocios del sector incrementan su cuenta de resultados y generan miles de puestos de trabajo gracias a los visitantes, las Administraciones asumen otros gastos como el generado por la asistencia sanitaria que se presta a estos desplazados. En el caso de la Comunitat, la atención médica a turistas, tanto nacionales como europeos, ha generado un perjuicio económico millonario que, por el momento, no ha sido compensado por el Gobierno, que debe a la Generalitat más de 700 millones de euros por el gasto sanitario generado por turistas y visitantes.
De hecho, la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, trasladó por carta el pasado mes de agosto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la falta de un instrumento efectivo de compensación por la atención sanitaria que se presta a los pacientes desplazados en la Comunitat, tanto nacionales como extranjeros, ha supuesto a la Generalitat un perjuicio económico de 723,1 millones de euros entre los años 2002 y 2020.
En la misiva, Barceló reclamó que es necesario poner en marcha medidas compensatorias que permitan resolver la deuda existente y definir un procedimiento «válido y eficaz« que ponga fin al perjuicio económico que padecen las comunidades turísticas por la prestación sanitaria a desplazados.
Así, y con respecto a los desplazados nacionales, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones amparó la creación del denominado Fondo de Garantía Asistencial (Foga), un instrumento que se puso en marcha para articular la compensación del gasto sanitario entre comunidades autónomas emisoras y receptoras de personas desplazadas, y que debería haber resuelto el desequilibrio que sufren las regiones de carácter turístico en la atención de desplazados temporales procedentes de otros territorios.
El sindicato CSIF exige a Conselleria de Sanidad que aclare los verdaderos motivos por los que ha decidido eliminar los Servicios de Emergencias Sanitarias (SES-CICU) provinciales y centralizarlos en Valencia, lo que deja en el aire el puesto de trabajo de unos 60 profesionales. Del mismo modo, ha aprovechado la primera reunión de la comisión técnica del SES que se celebra en los últimos tres años para instar a la Administración a que explique cómo compensará a los trabajadores que tengan que desplazarse por la centralización.
La formación lamenta que la conselleria «no haya concretado nada en el borrador que ha entregado sobre la centralización del servicio» pese a que insistió en la reunión del jueves saber en qué situación quedará y de qué modo compensarán al personal de Alicante y Castellón que se verá obligado a trabajar en Valencia. La central sindical considera «muy preocupante» que la respuesta de la Administración haya sido que «tienen ideas pero que todavía no las pueden concretar».
El sindicato CSIF reclama respeto para el colectivo de trabajadores de las sedes de Alicante y Castellón, que ronda los 60 profesionales. También insiste en que aclare el motivo real de la centralización, ya que Sanidad se basa en criterios de eficiencia que no termina de explicar. «Esas razones podrían ser utilizadas para eliminar todos los departamentos de salud y que sean dirigidos desde la conselleria o incluso para que la sanidad fuera gestionada directamente desde el ministerio», advierten.
Sin embargo, casi diez años después de su aprobación, la citada normativa «tiene un alcance muy limitado», como apreciaron desde los despachos de Micer Mascó. La deuda acumulada en concepto de atención a desplazados nacionales asciende desde 2012 a diciembre de 2020 a nada menos que 636,8 millones de euros. Con ese dinero, por ejemplo, se podrían haber construido dos hospitales como la nueva Fe, el centro sanitario más puntero de toda la región.
Respecto a los desplazados extranjeros, la Comunitat ha facturado entre 2003 y 2020 la suma de 371,2 millones de euros en concepto de atención a pacientes internacionales mientras que, en ese tiempo, ha recibido del Estado 284,9 millones. De esta forma, la diferencia entre lo facturado y el dinero liquidado por el Ejecutivo central por este concepto arroja un desequilibrio que supone un perjuicio de 86,3 millones de euros acumulados entre 2003 y 2020.
El pasado año, por ejemplo, la sanidad pública valenciana atendió a 592.000 visitantes de otras autonomías (con un coste de 98,7 millones de euros) y a 121.000 pacientes con tarjeta sanitaria europea (29,1 millones); cifras que a causa de la pandemia son sensiblemente inferiores a las registradas un año antes, cuando hospitales y centros de salud valencianos atendieron a más de 822.000 desplazados de otras autonomías (casi 110 millones de euros) y a 175.500 residentes en la UE (43,8 millones), según las memorias de gestión de Sanidad.
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