El Gobierno deniega el asilo a la mitad de los inmigrantes del Aquarius

Las cifras dejan muy claro que sólo una mínima parte ha logrado el sueño con el que llegaron: que se les reconozca como refugiados y obtener papeles.

Según los datos sobre el Aquarius que aporta el Ministerio del Interior, con fecha del 5 de mayo de 2022, «todos los desembarcados manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional», pero 274 de ellos se acogieron a la posibilidad que ofreció Francia de tramitar en este país su petición.

Finalmente, el país vecino realizó una misión de reconocimiento y selección en Valencia y trasladó al país a 78 solicitantes interesados, la mayoría de nacionalidad sudanesa.

De las 551 restantes, detalla el Gobierno, 374 formalizaron su solicitud de protección internacional en España. Todas se admitieron a trámite, pero con resultado muy dispar y, mayoritariamente, contrario a los intereses de los inmigrantes.

Así, hasta principios de mayo, sólo a 58 se les había reconocido el asilo. A la inmensa mayoría, 200, se les ha denegado. Es decir, el Gobierno ha negado la protección a más de la mitad de los que la han solicitado.

Jaume Durá es responsable del equipo jurídico del Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). «El hecho de no haber otorgado una protección» general «de las que se podría haber concedido en un primer momento por la Ley de Extranjería o la de Asilo y haber reconducido los casos al sistema común de asilo, donde se estudian de manera individual, es lo que ha provocado estas cifras».

Los datos de Interior «reflejan que sólo a una mínima parte se les ha concedido protección y a la inmensa mayoría se les ha denegado». Según el experto en refugiados, «no se ha tenido en cuenta que estas personas pasaron por Libia, donde sufrieron tratos inhumanos y degradantes, explotación sexual y laboral, torturas…».

Según su experiencia, «lo que se ha estudiado es el motivo de salida de cada país origen y en muchos casos la Oficina de Asilo considera que no encajan con los motivos de persecución de la Convención de Ginebra».

Para Durá, la protección general «debería haberse otorgado en el inicio», en aquel 17 de junio de 2018, «pues salían todos de un mismo lugar, el infierno de Libia». A pesar de haber transcurrido casi un lustro, todavía algunos de los rescatados viven con incertidumbre, pues, como recuerda el responsable de CEAR, «hay todavía un centenar de solicitudes en espera de ser resueltas».

Durá pide que estos trámites pendientes «se resuelvan lo antes posible» y que sea «en sentido positivo y favorable, dado que todos han sufrido el mismo trato inhumano». Y recuerda al Gobierno que fue el propio Ejecutivo el que brindó la vía legal y segura de entrar en España a través del puerto de Valencia.

En resumen, cuatro años después «no se han cumplido las expectativas de las entidades que deberían haber acogido y protegido» a los tripulantes del Aquarius.

«Posteriormente», agrega Durá, «hemos visto otros casos que se ha sacado a otras personas de Afganistán y se les ha sacado el estatuto de refugiadas de forma rápida». Eso, valora, «nos parece que es una buena práctica o, en el caso de Ucrania, con la directiva de protección temporal con concesión de asilo en muy poco tiempo». Esto, razona, «podría haber sido un mecanismo en su momento, tanto para la gente que huía de Siria como los que viajaron en el Aquarius y otros buques humanitarios, pero no ha sido así».

Si analizamos los datos más en profundidad nos encontramos con que la inmensa mayoría de los 58 que han logrado el asilo son de Sudán, en concreto 39. En el caso de las negativas a los solicitantes, es Nigeria el país de procedencia con más denegaciones: 64, según los datos de interior.

Para Moses Von Kallon, presidente de la asociación Aquarius Supervivientes, la respuesta del Gobierno ante las regularizaciones ha sido insuficiente. «Nos sentimos abandonados», resume de una manera clara ante las cifras evidentes: 58 concesiones de asilo y 200 denegaciones.

La vida de Moses ha estado plagada de dificultades. Nació en Sierra Leona hace 28 años. Allí estudió con la idea de convertirse en economista, pero los conflictos en su país le empujaron a una huida hasta las turbulentas aguas frente a la costa libia. Naufragó con su patera, pero le rescató el barco Aquarius.

De eso hace ahora cuatro años. Pero sigue esperando que España le rescate del mar de la incertidumbre, del temor a verse sin papeles.

Desde que llegó a Valencia su prioridad fue trabajar para mantenerse. Ha encadenado empleos temporales en el campo, la construcción, el automóvil, una empresa cárnica de Ribarroja o en Mercavalencia. «Las ayudas que recibimos en su día ya se han acabado. Voy tirando de trabajos temporales y vivo en una habitación de un piso con otras tres personas», resume.

Moses sigue al frente de la asociación que aglutina a algunos de los inmigrantes llegados en el buque humanitario. Esta es una de sus reflexiones: «Si el presidente Sánchez nos invitó a venir, que nos proteja».

Ante las escasas concesiones de protección, confiesa, «vivimos con miedo a acabar sin papeles. Hay personas que están trabajando, pagando alquiler... Y si pierden la tarjeta roja es la ruina». Se refiere al documento que, provisionalmente, les permite trabajar y residir en España a la espera de que se resuelva su petición. Si se les deniega el asilo, la pierden y entran en situación irregular. «Muchos de los que vinimos en el Aquarius aún no tenemos la protección definitiva», asegura.