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B. González/EFE
Valencia
Viernes, 28 de marzo 2025, 13:07
El Gobierno ha impulsado la tramitación de un real decreto para adoptar medidas de gestión de los riesgos de inundación después de las graves y dramáticas consecuencias de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia. Una normativa que contempla endurecer y restringir los permisos para construir en zonas inundables, reforzar medidas para proteger y dar seguridad a aquellas áreas donde ya existen edificaciones y medidas para proteger y alerta a la población de las inundaciones.
Un proyecto de norma que el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien lo impulsa, somete a consulta pública para que las administraciones autonómicas y locales, la sociedad civil en su conjunto e institutos de investigación participen con sus aportaciones.
En declaraciones a la Agencia EFE, la ministra, Sara Aagesen, ha asegurado que el deseo del Ejecutivo es «tramitar la regulación de forma muy ágil», con el objetivo de tener una propuesta pronto «porque es urgente y es prioritario para el Gobierno».
La ministra ha explicado que la idea es abordar tanto la zona fluvial como la costera. «En ambas queremos trabajar basándonos en la cartografía de zonas inundables, algo en lo que llevamos trabajando muchísimo tiempo» y ha resaltado la importancia de que los ciudadanos tienen que conocer cuando hay un riesgo para que al activarse los protocolos llegado el caso «estén preparados» y poder actuar.
La normativa propuesta parte de los datos de la dana del 29 de octubre, donde se ha batido el récord nacional de intensidad de la precipitación acumulada en una, seis y doce horas, con un valor máximo registrado de 771 litros por metro cuadrado en 24 horas y un volumen cercano a los 2.000 hectómetros cúbicos en 24 horas en toda la cuenca del Júcar.
Según se expone en el documento de la consulta pública, «esta situación se desmarca de lo que, hasta ahora, se consideraba en los mapas de peligrosidad como escenarios de probabilidad «alta, media» (retorno de 100 años) y «baja» (retorno de 500 años)» y se habla de «inundaciones de nueva generación».
La idea es prohibir la construcción en zonas de riesgo o establecer límites en función de los usos. En las zonas inundables donde ya hay construcciones (hay contabilizadas dos millones de viviendas), el objetivo es dotar a esas construcciones de mayor seguridad y, en ese sentido, también se persigue que la población sea alertada y que esté informada y formada sobre cómo actuar ante un caso de emergencia.
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