El Gobierno envía a Portugal más del doble del agua del Tajo acordada mientras recorta el trasvase a la Comunitat

El convenio de Albufeira entre España y Portugal se firmó a fines del siglo pasado (1998) para la administración y el uso hídrico de las cinco cuencas hidrográficas que comparten los dos países (Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana). En este documento se establece que cada año el río Tajo debe garantizar que llegan a Portugal 2.700 hectómetros cúbicos a través del gran embalse del Cedillo, una presa limítrofe con el país vecino en la que se puede generar energía hidroeléctrica y que está gestionada por Iberdrola.

Pero la media que se está enviando a Portugal desde que empezó a funcionar es de 6.616 hectómetros cúbicos, más del doble (un 145% por encima) de lo previsto en el convenio entre las dos naciones, según fuentes consultadas por este periódico. A partir de estos datos se puede vislumbrar que el río Tajo lleva mucha más agua de la que pueda parecer a partir de las previsiones del Gobierno.

Con estas cifras resulta al menos llamativo que el Ejecutivo central quiera recortar el trasvase al Segura en unos 100 hectómetros cúbicos lo que equivale al 1,5% del agua que cada año se envía a Portugal. Hay que tener en cuenta que la cantidad que se ha derivado por el acueducto Tajo-Segura es de 334 hectómetros cúbicos anuales de media desde que empezó a funcionar en 1980 y hasta el año 2018. Aunque las aportaciones de los últimos años han sido menores por las peores condiciones del río.

De esos 334 hectómetros cúbicos, 205 se han destinado a atender las necesidades del riego mientras que para abastecimiento urbano se han derivado 119 del total trasvasado. Esta cantidad sólo supone el 5% de los aportes que vienen destinándose a Portugal.

Hasta ahora, y partir del memorándum consensuado que se aprobó en 2013, la cantidad máxima a trasvasar es de 650 hectómetros cúbicos anuales. De esta, 600 hectómetros se destinan a las provincias de Alicante, Murcia y Almería y otros 50 al río Guadiana.

Y es que la pretensión del Ejecutivo central es disminuir el agua que llega al Segura. Así lo establece el nuevo documento de planificación del Tajo aprobado a principios de febrero por el Consejo de Ministros.

Este recorte del Tajo al Segura supondrá un fuerte castigo a la actividad económica de 238 millones de euros (el 0,6% del PIB de la cuenca del Segura) en el sur de Alicante, Murcia y Almería. Además, implicará un incremento de los costes de abastecimiento urbano de 16 millones de los que 13,5 corresponden a la demarcación del Segura y 2,5 al resto de demandas. En la misma línea, se calcula una pérdida patrimonial derivada de la modificación de riego a secano estimada en 485 millones.

La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en pie de guerra a los regantes y agricultores de la cuenca del Segura que se han manifestado en Madrid. Además, ha empezado una pugna judicial. Los gobiernos autonómicos afectados (Valencia, Murcia y Andalucía) y la Diputación de Alicante. además de otros municipios, han acudido al Tribunal Supremo que hasta el momento ha admitido a trámite algunos de estos recursos y ha aprobado las medidas cautelares.

El recurso presentado por la Generalitat considera que el incremento del caudal ecológico previsto en el Tajo se basa «en un decisión arbitraria y carente de fundamentos técnicos». Asimismo, ha centrado la argumentación en la necesidad de establecer un mecanismo corrector de los caudales ecológicos y la en la suspensión cautelar del plan del Tajo.

En este sentido, el nuevo plan del Tajo eleva el caudal ecológico en su tramo medio. Esto implica una reducción de los caudales que se pueden trasvasar. El Gobierno tomó la decisión pese a que un informe del Consejo de Estado pedía que se hiciera compatible el trasvase al Segura con las especificaciones para mantener los caudales ecológicos y no se aplicara el recorte a la transferencia.

El informe del Consejo de Estado planteaba que antes de aumentar los caudales del Tajo se hicieran estudios sobre la situación del río a partir de 2025 condicionando al resultado de la investigación el incremento de caudales. Así quedó recogido en el texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua el pasado noviembre y que el Ejecutivo modificó por su cuenta.

El dictamen del Consejo de Estado es concluyente: «Considera que resulta necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y el Segura». El informe prosigue señalando que «la satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto Tajo-Segura».

En este sentido, el informe de este organismo llama la atención sobre la falta de «coordinación» y «coherencia» del Ejecutivo en la redacción del plan del Tajo y el trasvase. Así, el documento compara los planes del Tajo y el Segura y mientras en el del segundo tiene en cuenta las transferencias que llegan anualmente por el acueducto (en una cantidad de 295 hectómetros cúbicos) no lo hace en el caso del Tajo evidenciando una falta de coordinación entre ambos planes

Por otra parte, los otros quince trasvases que gestiona el ministerio en el resto del territorio español continúan con su funcionamiento normal sin ningún tipo de amenaza. Ocho de estas conducciones captan el agua de la cuenca del Ebro y se destinan a regar cultivos o a abastecimientos urbanos. Tres de ellos dan servicio a Cataluña.