El Gobierno frena la norma que obligaría a cerrar una de cada cuatro plazas en residencias

Los sindicatos UGT y CCOO también lo han rechazado porque «no incluye ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo propuestas». «Llama especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los trabajadores; tanto indefinida como temporal, así como la contratación parcial; siendo precisamente uno de los sectores más precarizados y con mayor índice de temporalidad y parcialidad», han asegurado desde las fuerzas sindicales.

El proyecto estaba previsto que pasara este miércoles a votación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, aunque finalmente el Ministerio de Derechos Sociales y las autonomías han acordado posponer la votación a la espera de cerrar los últimos detalles. El citado ministerio confía en poder llegar a un acuerdo «a lo largo del próximo mes» en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta «un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo».

Sin embargo, y tras analizar el borrador de la futura normativa, las patronales AESTE, ASADE, CEAPS y FED tacharon de «inaceptable» la propuesta y solicitaron la realización de una memoria económica «que justificara y diese sentido un cambio radical en el sistema de cuidados tal y como se pretende».

La nueva normativa, explicaron, obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España. La propuesta contempla una serie de medidas entre las que destacan la limitación a 75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro, y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción/promoción hasta el 31 de diciembre de 2029.

«Se echa en falta la posibilidad de elección de centro independientemente de si su titularidad es pública o privada, a pesar de que se apuesta por el modelo de atención centrado en la persona», explican desde el sector.

Los profesionales comentan que «este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una reestructuración de la financiación». Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera».

A esto añaden que los principales perjudicados del modelo propuesto «serían los propios usuarios y sus familias, que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales».

«El dinero no se pide para las empresas, sino para la sostenibilidad del sistema de dependencia en España», recuerdan y mantienen que se está haciendo una discriminación entre las personas que reciben los servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada, y mucho más de aquellos que están en el limbo. Además, piden que no se hable retroactividad, y que no es viable hablar de cambio arquitectónico en los centros que ya están en funcionamiento o en construcción.

El borrador presentado, lamentaron, «resulta confuso a la hora de establecer la necesidad de la adecuación de los centros ya existentes, de los que tengan licencias o autorizaciones previas a la autorización de la norma o incluso de aquellos que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse habiendo nacido y regulado su actividad al amparo de normas legales existentes en su momento. No cabe duda de que debe establecerse con claridad el periodo transitorio, el momento en el cual están vigentes las nuevas normas en relación con los procesos vivos de gestión de nuevos centros ya sea en sus fases de autorización y licencias o construcción y, sobre todo, para aquellos centros ya existentes y que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse o exijan unas inversiones desproporcionadas para ello».

Además, las patronales alertan sobre los efectos que ya está provocando la propuesta. «Actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento», advirtieron. «En un país envejecido como el nuestro y con la llegada de los babyboomers los esfuerzos del sector deberían centrarse en desarrollar una red de centros y servicios que sea sostenible y asumible para el bolsillo de los dependientes y sus familias».