La plataforma Somos Mediterrania convoca nuevas manifestaciones contra los derribos y deslindes en la costa

La lucha continua. Los afectados por la ley de Costas lo tienen claro. Y se volverán a concentrar este sábado 25 de marzo en Madrid y en las tres capitales de la Comunitat para reivindicar la regeneración de playas que eviten la pérdida de viviendas y otras propiedades.

Será a las doce del mediodía frente a la Delegación del Gobierno en Valencia y en las subdelegaciones en Castellón y Alicante como ya hicieron el mes pasado. Y en Madrid ante la sede del el Ministerio para la Transición Ecológica. Los afectados se agrupan en la plataforma Somos Mediterrania que, además, ha denunciado una campaña de publicidad institucional sobre el litoral lanzada por el Miteco.

La protesta tiene por objetivo visibilizar los efectos de la aplicación del reglamento que desarrolla la Ley de Costas, vigente desde el mes de agosto de 2022. La entidad apuesta por fórmulas que eviten expolios y derribos y se aboga por políticas intensivas de regeneración de playas. En el manifiesto leído en las concentraciones de febrero se señalaba que «son miles de afectados por una ley, un reglamento y una administración de Costas que no muestra ninguna sensibilidad ni conocimiento de la realidad social y medioambiental de los territorios que debe gestionar.

Desde la plataforma consideran que la Administración del Estado gasta dinero público, en relación a la campaña lanzada por el Miteco, «en propaganda que no explica las causas reales de la erosión costera». En este sentido, Manuel López, uno de los portavoces de la plataforma, ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica «está tapando su propia responsabilidad en la situación».

Desde la plataforma se está pidiendo la reforma de la ley de Costas en el sentido en la que se ha pronunciado el Consejo de Estado, que pidió aunar la codificación dispersa sobre la materia, o el Parlamento Europeo con el informe Auken. «Por eso se reformó la norma en 2013, pero fue insuficiente», ha afirmado López.

Con la reforma que reclaman, informan desde la Somos Mediterrania, se pretende salvar las viviendas en primera línea o los poblados marítimos. López ha criticado que en estos momentos las únicas actuaciones del ministerio en el litoral son los deslindes que como en el caso de Dénia condenan a cerca de mil viviendas.

En este sentido, Manuel López ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica «echa la culpa de que no haya playas a que vive gente en ellas». Así, Manuel López sostiene que «no hay política de playas».

El portavoz de la plataforma ha asegurado que desde el Miteco no se atiende a las causas profundas de la desaparición de las playas como son los escasos sedimentos que arrastran los ríos o la dinámica de crecimiento de los puertos que hacen que se degraden las playas que se encuentran al sur de la infraestructura. «Estas son las causas y no sólo el cambio climático que nosotros aceptamos porque no somos negacionistas», ha explicado.

Además, ha subrayado que lo que está proponiendo Somos Mediterrania va en la línea de lo que plantea el IPCC que anima a las administraciones a poner en marcha políticas de adaptación, «pero en España no se hace nada más que deslindes y confiscaciones de viviendas».

En esta línea, desde la plataforma sostienen que con los datos en la mano y la perspectiva de la actuación de las administraciones en los últimos años se concluye que «nos quedamos sin playas por una deficiente planificación y falta de inversiones». A esta causa se añade la falta de aportes de los ríos por los escasos sedimentos, alimento natural de las playas, que arrastran.

Para la plataforma, la campaña, «cuya antesala fue la aprobación por decreto del nuevo reglamento de costas del Gobierno el pasado agosto, oculta los factores esenciales que están provocando la pérdida de playas y apuntala una estrategia sociológica impropia de un Estado serio».

Critican, en este sentido, que además la campaña se dedica a señalar «a las familias y personas que habitan en el litoral en absoluta legalidad» lo que muestra un desconocimiento de la realidad del territorio.

El comunicado lanzado por la plataforma considera que la Administración «no puede evangelizar con esta estrategia a la población, desviando así su responsabilidad patrimonial y ambiental que alcanza a agentes públicos y privados».

Para los afectados esta campaña, «que es la voz de nuestra administración, vive en el eufemismo constante para justificar las mismas políticas de Costas de hace 35 años». Y, en esta línea, han recordado que el Parlamento Europeo ya estableció que la ley de Costas de 1988 «era inútil para la protección litoral y su arbitraria aplicación, un problema para los derechos de las personas».

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