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La Generalitat Valenciana, en una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, puso encima de la mesa el pasado 7 de ... noviembre un plan de inversiones que rondaba los 2.500 millones de euros en infraestructuras hídricas en la Comunitat. Era apenas una semana después de la dana del 29 de octubre y el representante del Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a estudiar la propuesta. Han pasado casi cuatro meses y el silencio ha sido la respuesta del Gobierno.
Tampoco se sabe nada de la petición de mantener una reunión que formuló el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. La solicitud para el encuentro fue enviada el pasado 17 de enero y casi dos meses después todavía no ha habido respuesta, un silencio que ha generado la inquietud y el malestar en la conselleria.
La carta del conseller solicita a la ministra un encuentro «a la mayor brevedad posible», una expresión que puede equivaler a urgente, para tratar el plan propuesto de inversiones por los 2.500 millones de euros y tratar de programar estas obras y su ejecución. Hay que tener en cuenta que estos proyectos tendrían que ejecutarse en el periodo de cinco años para evitar un nuevo riesgo de inundación (a 500 millones por año, según las previsiones de la Generalitat).
En la carta a la ministra se recuerda la reunión mantenida con Hugo Morán, en la que también estuvo presente el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. «Esta propuesta contempla actuaciones de carácter estructural que tiene como objetivo incrementar la seguridad en las poblaciones mediante nuevos sistemas de seguridad y detección, más flexibilidad para acometer tareas de limpieza y mantenimiento en los cauces; así como la construcción de presas de laminación y encauzamientos de barrancos a través de 20 actuaciones estratégicas». apuntaba en el documento enviado.
La respuesta del ministerio ha sido el silencio. Únicamente en el mes de noviembre hubo un par de reuniones de coordinación entre representantes de ambos departamentos y ha habido contactos con técnicos pero sin llegar a ninguna concreción más. Tampoco ha contestado a las preguntas de este periódico interesándose por el retraso en la concesión de la entrevista entre el conseller y la ministra y por las obras.
Una de las actuaciones propuestas es la unión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia para amortiguar las inundaciones con un presupuesto que puede rondar los 300 millones de euros. El proyecto consistía en el encauzamiento del Poyo con corredores verdes para conectarlo con el nuevo cauce. En la parte baja, donde el encauzamiento es más antiguo, no se podía actuar por falta de espacio y se pretendía conectarlo con el nuevo curso del Turia.
Hay que recordar que la actuación ejecutada en el barranco del Poyo y en la rambla La Saleta en Aldaia se proyectó para hacer frente a un caudal de agua de 800 metros cúbicos por segundo. El proyecto presentado a principios de este siglo y postergado hasta el momento aumentaba su capacidad hasta los 1.500 metros cúbicos. El caudal del día de la avenida tras las lluvias fue de 2.000 metros cúbicos por segundo. La tragedia hubiera sido tres veces menor si las obras hubiesen estado terminadas.
Otras actuaciones es la construcción de la presa de Vilamarxant que tendría un coste de 225 millones de euros. Aguas abajo del embalse de Loriguilla, el río Turia no dispone de otra infraestructura de laminación de avenidas. Ya el Plan Sur recogía la ejecución de este embalse que frenaría las aportaciones de los afluentes del río, tal y como destaca Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat.
A esta hay que añadir la remodelación de la presa de Buseo que ha cumplido ya cien años. En dos ocasiones desde 2017 se ha visto desbordada. Este embalse protege a las poblaciones de Sot de Chera, Gestalgar, Bugarra y Pedralba.
Están pendientes también actuaciones en cauces de fuerte impacto sobre el medio urbano frente a inundaciones. Algunas de ellas son el barranco dels Frars, que afecta a los municipios de Godella, Rocafort y Burjassot; el refuerzo de un tald en la margen derecha del Magro en Real de Monroi, entre otras, según destaca Miñés y cuyo coste ascendería a los 80 millones.
Tampoco se han ejecutado las actuaciones en defensa frente a inundaciones en la cuenca del Júcar y la nueva presa de Montesa en el río Canyoles para laminar las crecidas del Júcar en la Ribera Alta. Es una alternativa al embalse del Marquesado en el Magro. El presupuesto ascendería a 220 millones, según apunta Manuel Miñés.
Por otro lado, otras obras que siguen sin ejecutarse son las actuaciones de reparación y adecuación a la normativa de las presas autonómicas o de interés general del Estado en la Comunitat, explica Manuel Miñés. La intervención supondría un coste superior a los 310 millones de euros.
Sigue sin realizarse las actuaciones de defensa y encauzamientos de los sistemas de explotación de los ríos Mijares, Vaca, entre otros. Son intervenciones incluidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones hidrográficas en las que se encuentra la Comunitat. El presupuesto estimado es de 370 millones de euros.
El refuerzo contra la vulnerabilidad del canal Júcar-Turia, que abastece al área metropolitana de Valencia y la Ribera del Júcar, es otra de las actuaciones pendientes lo que supone un gasto que ronda los 450 millones de euros.
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