El Gobierno ve inconstitucional la ley de plurilingüismo y pedirá cambios

El Gobierno ha decidido convocar la Comisión Bilateral de Cooperación entre administraciones para negociar cambios en el articulado de la Ley de Plurilingüismo, aprobada por Les Corts el pasado febrero, al considerar que «podría incurrir en inconstitucionalidad». Fuentes del Ministerio de Educación explicaron ayer que la Generalitat ha aceptado la medida y que las conversaciones se pueden prolongar hasta seis meses.

Con este paso el ejecutivo recoge la petición de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que el pasado fin de semana reclamó a Rajoy que actuara al considerar que la ley no se sostiene desde el punto de vista legal. Y más tras la sentencia de finales de abril en la que el TSJCV abunda en este sentido. Ciudadanos y asociaciones de padres críticas con el modelo del Consell también han presionado en la misma dirección.

En caso de alcanzarse un acuerdo en la comisión lo lógico es que se modifique la normativa, que ya está en vigor y ha obligado a todos los centros a adaptar sus programas lingüísticos de cara al próximo curso. También cabe la posibilidad de que los argumentos que dé la Generalitat sean aceptados, aunque es remota teniendo en cuenta que desde el ministerio se ha analizado la ley de manera minuciosa, y sin embargo, se ha optado por esta vía. Si no hay entendimiento el Gobierno la impugnaría ante el Constitucional, pues la bilateral es el paso previo al recurso. El último día para hacerlo sería el 22 de noviembre.

«El Gobierno defiende la libertad de los padres para elegir en qué centro quieren que estudien sus hijos y en qué lengua quieren educarlos», señalaron fuentes del ministerio, que añadieron que la ley «no puede provocar ningún tipo de discriminación y la enseñanza en castellano debe estar garantizada conforme a la legislación». Obligación que, se continúa, atañe a «todos los responsables políticos».

Desde la conselleria matizaron que los reparos se centran en el artículo 11 de la ley, donde se dice que se «promoverá» que los centros impartan el 50% de las horas lectivas en valenciano y el 25% en inglés, por lo que se deja el castellano en otro 25%. Las mismas fuentes añadieron que desde el ministerio se han puesto pegas al verbo utilizado y que se sentarán con la administración central para defender su postura y dar las explicaciones necesarias. La pasada semana el conseller y el secretario autonómico ya desvelaron esta cuestión, defendiendo que la potenciación de la lengua propia emana del Estatuto.

«El castellano y el valenciano son lenguas oficiales en la Comunitat y deben ser protegidas por los poderes públicos. Pero deben ser protegidas ambas, no se puede introducir ningún tipo de vía que pueda generar discriminaciones lingüísticas», continuaron desde el ministerio, lo que secunda la idea de que las dudas pivotan alrededor del tratamiento del castellano. De hecho se añade que las normas autonómicas «no pueden suponer un menoscabo a recibir una educación» en la lengua oficial del Estado.

En este sentido, el mínimo legal de español exigido a raíz de diferentes sentencias sobre el modelo catalán se ha situado en el 25% del horario. Sin embargo, a finales de abril se conocieron las sentencias del TSJCV sobre los diferentes recursos presentados contra el decreto de plurilingüismo, la primera norma del Consell que reguló el modelo lingüístico escolar, y los fallos fueron un paso más allá. Aunque derogado por el Gobierno Valenciano, el tribunal decidió pronunciarse sobre aquellos aspectos del decreto que consideró que seguían vivos en las normativas que le sucedieron, entre ellas la ley actual.

El tribunal consideró que había aspectos inconstitucionales y anuló varios artículos -entre ellos dos que han sido calcados en la ley- y sentenció que en numerosos municipios desapareció la opción de estudiar con el castellano como lengua principal en centros sostenidos con fondos públicos, pese a que su oferta no puede eliminarse en base a la Constitución, la Ley Orgánica de Educación (vigente y modificada por la Lomce) e incluso conforme a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Es decir, destacaba que las administraciones están obligadas a garantizar una oferta alternativa con el español como lengua principal, más allá de los mínimos fijados para otros modelos. A tenor de lo que desliza el ministerio, se sospecha que el artículo 11, en la práctica, puede implicar que no siempre exista de manera más o menos accesible una oferta mayoritaria en la lengua del Estado.

El escenario que se abre es incierto. No habrá consecuencias en la inminente admisión de alumnos, pero cabe la posibilidad de que la ley sea modificada -si hay acuerdo- o impugnada. En este segundo caso todo dependería del fallo del Constitucional, aunque el presidente del Gobierno tiene la potestad a la hora de presentar el recurso de solicitar la suspensión cautelar, que sería automática en caso de ser admitido a trámite. Esto provocaría una vuelta al modelo plurilingüe del PP.

Es la segunda comisión bilateral por cuestiones lingüísticas, pues la primera se inició a raíz del decreto ley que 'salvó' parte del decreto anterior suspendido cautelarmente, aunque desde la conselleria explicaron ayer que todavía no se han producido reuniones. El TSJCV también ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad porque sirvió para eludir una resolución judicial.