El Gobierno inicia la batalla judicial contra Rovira y recurre la admisión de alumnos

La administración autonómica modificó el decreto de admisión de alumnos que heredó del Botánico para cumplir con el programa electoral del PP, pues se comprometió a recuperar el distrito único de escolarización, que permite optar a cualquier centro de la misma localidad de residencia (o de trabajo) sin que el aspirante sea penalizado a la hora de sumar puntos en la baremación. Sin embargo el recurso no guarda relación con esta medida, que sí ha sido impugnada, por la misma vía, por el grupo parlamentario de Compromís. Ni tampoco con la posibilidad de que las escuelas otorguen un punto de libre designación, que puede basarse en condiciones preestablecidas por la propia administración o ser de diseño libre, siempre que estas no impliquen discriminación de algún tipo.

Fuentes del ministerio explican que son cuatro los motivos que sustentan el recurso, y en todos los casos se considera que el decreto choca con la normativa básica de rango superior: la ley orgánica vigente, la Lomloe.

Por ejemplo, se alega que el decreto «no incluye la condición de violencia de género o de terrorismo», criterios que se tienen que tener en cuenta, según la norma estatal, cuando no hay suficientes plazas disponibles y deben ordenarse las solicitudes presentadas de cara a la baremación. En realidad estas situaciones sí se contemplan en la norma valenciana en caso de solicitar un acceso preferente, que es el reservado para solicitudes que consiguen plaza de manera directa, con prioridad, sin necesidad de sumar puntos. Eso sí, deja claro que se activan si el alumno debe cambiar de residencia por razones de violencia de género o terrorismo. Es decir, se puede interpretar que no aplica si no concurre esta movilidad.

El ministerio también alega que la existencia de dos o más hermanos matriculados en el centro -15 puntos por cada uno- «otorgaría a este criterio 30 o más, lo que supondría más de un 30% sobre el total teórico». La norma estatal deja claro que ninguno puede pasar del citado porcentaje respecto al máximo que puede sumar una única solicitud contando todos los criterios de baremación posibles.

El Gobierno también defiende que no se recoge la preferencia en la escolarización de niños por traslado de la unidad familiar en caso de movilidad forzosa de cualquiera de los progenitores (sólo se dan puntos, que no prioridad, por cambio de residencia o primera matriculación en la Comunitat). Ni si se produce una discapacidad sobrevenida en cualquier familiar, dos opciones a las que también obliga la ley estatal.

Por último, se cuestiona que entre los criterios de preferencia (acceso prioritario sin baremación) esté el hecho de ser alumno del mismo centro, «aspecto que no se corresponde con la ley orgánica, que prevé que el cambio de etapa dentro de un mismo centro no tenga que someterse necesariamente a un nuevo procedimiento de admisión».

El otro punto de fricción entre administraciones es la ley de libertad educativa, cuya entrada en vigor llevó al Gobierno a convocar una comisión bilateral de cooperación. La primera reunión se celebró el 24 de octubre y aunque se llegó a un acuerdo en un aspecto técnico, queda por ver si los argumentos del Consell sobre la exención del Valenciano convencen al Ejecutivo. En caso contrario, la ley puede acabar en el Constitucional.