El Gobierno insta al Consell a arreglar las depuradoras para evitar multas de la UE

El último Consejo de Ministros ha vuelto a poner sobre la mesa el estado de las depuradoras de Teulada-Moraira, Benicarló y Peñíscola, tres de las plantas que han provocado que España haya tenido hacer frente a las sanciones impuestas por la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva sobre depuración de aguas. El Gobierno reclama a la Generalitat que se apliquen las medidas necesarias.

La sentencia del Tribunal de Justicia Europea de 2011 imponía las sanciones a España por el incumplimiento de las regulaciones sobre las aguas depuradas.

Diez años después de la sentencia la Comunitat tiene pendientes las obras en estas tres plantas depuradoras por un importe de 23 millones de euros, según la Cámara de Contratistas de la Comunitat. Las actuaciones tienen que conectar las plantas con los núcleos urbanos y diseminados para frenar los vertidos.

Desde la Cámara de Contratistas han denunciado la pasividad de la administración a la hora de acometer estas obras que está haciendo que la Comunitat tenga que hacer frente a la parte proporcional de la multa impuesta a España.

La Cámara de Contratistas ha puesto de relieve el escaso nivel inversor de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar), dependiente de la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática. En tres años sólo se han licitado 61,6 millones. Además, denuncian que los trámites administrativos se demoran meses y meses con continuos retrasos.

Ponen como ejemplo el caso de la estación depuradora de Cheste, licitada de forma urgente desde hace un año, y donde todavía no han comenzado las obras.

En este sentido destacan que en el informe que realizó la patronal Seopan en 2017 las inversiones necesarias en ciclo hídrico en la Comunitat ascendían a 1.502 millones. Y la mayoría todavía no se han hecho. Desde la Cámara de Contratistas consideran que no tiene sentido pagar la multa y no ejecutar las obras que frenarían las sanciones de la Unión Europea.

También han reclamado que se ponga en marcha una mesa de trabajo y coordinación entre la Generalitat y el Gobierno y demás instituciones implicadas (ayuntamientos y Confederación Hidrográfica del Júcar) para trazar un calendario de actuaciones que permitan terminar todas las obras precisas en la Comunitat Valenciana.

Entre otras obras se hace necesarias redes separativas de pluviales y residuales para evitar que, como en la actualidad pasa en Pinedo, mucha agua se siga vertiendo al mar.

Además, la Cámara reclama que las instituciones doten de la financiación necesaria para poder acometer estas obras. «Todo menos dilapidar nuestros escasísimos recursos en pagar sanciones a Europa por los incumplimientos», destacó el gerente de la Cámara, Manuel Miñés.