El Gobierno cambiará la ley para restar presencia a la enseñanza concertada

La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció ayer una batería de medidas y cambios legislativos que aplicará de manera urgente, entre ellos, la modificación del artículo de la Lomce, la ley del PP, que blinda la presencia de la enseñanza concertada a la hora de planificar la oferta de plazas escolares. También variará el estatus de la asignatura de Religión, el papel de los consejos escolares, la selección de los directores en la red pública o los itinerarios de la ESO. En cuanto a condiciones laborales, anunció que se cambiará el llamado decreto Wert, que da sustento a diferentes recortes aplicados en materia educativa.

Respecto a los conciertos, apuntó que se modificará el artículo 109.2, que dice que las administraciones, a la hora de diseñar la oferta de las enseñanzas consideradas gratuitas, tendrán en cuenta entre otros criterios «la existente en centros públicos y privados concertados y la demanda social». Las últimas palabras fueron introducidas con la reforma popular de 2013, y sirvieron de base para que la enseñanza concertada pudiera ganar peso o consolidarse en caso de ser reclamada por las familias, criterio que debía atenderse en los procesos de renovación o acceso a los conciertos.

En este sentido, las sentencias del Supremo que fijaron doctrina, contra el recorte practicado por la Junta de Andalucía en varios colegios concertados, recogen precisamente este precepto. Incluso se reproduce y se utiliza como base argumental en los diferentes fallos del TSJCV que anulan la reducción de conciertos aplicada el año pasado por la Conselleria de Educación en aulas de Infantil, FP y Bachillerato.

Además, en su momento, desde el PP valenciano se felicitaron de la introducción de este criterio porque favorecía iniciativas como la cesión de suelo público para construir colegios concertados en localidades donde existiera demanda. Aunque la medida no cuajó, en otras comunidades como Madrid han sido numerosos los ejemplos.

La eliminación de la demanda social, en la práctica, supone volver a la redacción anterior, la de la ley socialista de 2006. Cierto es que entonces ya existían conciertos -e incluso crecieron en muchas comunidades, como la valenciana-, y que los tribunales han dejado clara la existencia en España de una red de enseñanza dual sin que quepa la idea de subsidiariedad.

Sin embargo el cambio supone romper un asidero que sustentaba la presencia de la red privada sostenida con fondos públicos, a veces a la hora de recurrir a los tribunales. Además, es una clara declaración de intenciones de por dónde irán las políticas del Gobierno. Celaá dejó claro ayer que la red pública será el «eje vertebrador» del sistema, tendrá «preeminencia» y no se «relegará» como «una opción menor». En cuanto a la idea de la demanda social, dijo que es «un eufemismo que puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada». Sus declaraciones llegaron en su primera comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, donde desgranó las líneas básicas de su mandato.

En cuanto a la concertada, defendió su «carácter complementario para cubrir necesidades de escolarización» y dijo que le consta que la gran mayoría cumple una función social. También se refirió a la educación diferenciada. Blindada recientemente por el Constitucional, en este caso planteará «un diálogo» con los centros y se mostró convencida de que «podremos acordar que un modelo coeducativo aporta mayor valor educativo e inclusivo».

Respecto a Religión, la modificación de la Lomce hará que la asignatura, de nuevo, deje de tener efectos académicos, por lo que ya no contará en el expediente del alumno, un cambio que afectará especialmente a los de Bachillerato, pues las calificaciones influyen en la consecución del título de Bachiller y en la nota de corte para acceder a la universidad. Celaá señaló que el cambio se basa «en el principio de acofesionalidad del Estado».