El Gobierno se niega ahora a revisar todos los edificios dañados por la dana

O no. El Gobierno central, a través de la empresa pública Tragsatec, ha decidido limitar las inspecciones necesarias únicamente a edificios sin seguro privado. Esta decisión, comunicada de manera informal y sin justificación escrita a mediados del mes de diciembre, pone en riesgo la equidad y eficacia en la reconstrucción de las zonas afectadas. La decisión implica dejar inmuebles sin repasar, con el consiguiente riesgo que implica esa dejación de responsabilidades.

El Gobierno valenciano, a través del Instituto Valenciano de Edificación (IVE) activó a principios del mes de noviembre el Grupo de Edificación, de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación, convocando a todos sus miembros. De los primeros análisis realizados se extrajo esa estimación de 37.000 edificios con algún tipo de daño. Las inspecciones de los edificios afectados comenzaron de inmediato con el objetivo de evaluar los daños y proporcionar un diagnóstico preciso que facilitara las labores de reconstrucción.

Dada la necesidad de realizar informes periciales de daños en los edificios afectados, la vicepresidencia primera ofreció, a través de su Dirección General de Vivienda, la puesta a disposición de todos estos trabajos de inspección para ayudar a la tramitación y eficiente gestión de las ayudas del Gobierno Central.

Tragsatec que tenía el encargo de elaborar todos esos informes contactó con el IVE con el objeto de firmar un contrato para realizar dicha labor. Sin embargo, la citada firma precisó que estas inspecciones se realizarían únicamente a los edificios que no contaran con seguro privado.

Ni que decir tiene que limitar las inspecciones a edificios sin seguro privado impide disponer de una evaluación completa de la situación en todos los municipios afectados, dificultando una reconstrucción eficaz, equitativa y digna.

La decisión establece además un agravio comparativo entre personas afectadas. Y por otra parte, muchos de los inmuebles cuentan únicamente con un seguro obligatorio de incendios o de daños a terceros, con lo cual no tendrán cubiertos los daños provocados por las inundaciones. Y, para añadir más confusión, aunque un inmueble no cuente con seguro particular, lo tendrá la comunidad de propietarios, por lo que se darán en la práctica mil situaciones difíciles de distinguir y gestionar de forma correcta.

El IVE cuenta con una dilatada trayectoria en materia de revisión y examen de inmuebles que han podido verse afectados por tragedias y catástrofes de todo tipo. Asi ocurrió en El Verger 2007, Lorca 2011, simulacros de Buñol, 2014 y Torrevieja, 2018, Gandía 2018, Vega Baja 2019, Alcoi 2020, Bejís y La Vall d'Ebo 2022, y Villanueva de Viver 2023. Es una entidad especializada precisamente en la revisión de edificios. La gran ventaja que tienen los protocolos de gestión e inspección que utiliza, validados ya en varias catástrofes, parten de la creación de una única base de datos, accesible en internet, que se genera de forma coordinada y colaborativa entre los técnicos inspectores, los técnicos municipales y el propio equipo del IVE. Esta enorme base de datos es única para todos los edificios y se actualiza de forma automática y continuada.

Si se pretende que sólo contenga la información de edificios sin seguros que son una minoría, esa circunstancia conllevará, posteriormente, un trabajo ingente de casar toda la información con diferentes bases de datos de empresas aseguradoras generadas con distintas formas de inspeccionar. Esta manera de proceder puede sembrar caos y retrasar la entrega de ayudas por años a las personas afectadas, como ya se ha demostrado en anteriores ocasiones.

La Junta del Patronato IVE, integrada por todos los agentes del sector de la edificación (asociaciones de constructores, promotoras, colegios profesionales, universidades, cámara de contratistas, asociaciones de fabricantes...) ha acordado dirigirse al ministerio de Política Territorial para solicitar que se reconsidere esta decisión y se garantice la inspección de todos los edificios afectados por la catástrofe, sin que la presencia de un seguro privado constituya un criterio excluyente.

Lo que se desliza de la posición del Gobierno central en relación con la inspección de los daños causados por la dana en los edificios de las localidades arrasadas el 29 de octubre genera situaciones obvias de desigualdad de trato a ciudadanos. En primer lugar, porque distingue entre aquellos inmuebles que disponen de seguro privado y los que no. Y no sólo eso. Hay seguros privados de inmuebles que no cubren los daños causados por inundaciones. Sobre el papel, también deberían de formar parte de los que fueran revisados por Tragsatec, pero con la posición que esta empresa pública ha trasladado al IVE, se quedarían fuera.

Por otro lado, esa distinción entre edificios afecta directamente a la llegada de ayudas a los afectados. El IVE dispone de un mecanismo de tratamiento conjunto de la información que acelera la resolución de la situación de cada inmueble para propiciar la solicitud de ayudas. Dejar una parte de esos edificios al margen de esa clasificación puede provocar un retraso innecesario en la llegada de ayudas a esos otros inmuebles. Esta distinción entre edificios con y sin seguro privado va, además, justo en el sentido contrario de esa pretendida voluntad de colaboración que el Gobierno central, y en particular la delegada PilarBernabé aseguran poner de forma constante sobre la mesa. Si lo que se quiere es colaborar y coordinarse, parece razonable que las administraciones agilicen la llegada de ayudas y unifiquen sus protocolos. Y al tiempo, establezcan criterios claros para la evaluación de daños.