El Gobierno reclama cambios en la Ley de Plurilingüismo al considerar que tiene aspectos «inconstitucionales»

El Gobierno ha decidido convocar la Comisión Bilateral de Cooperación entre administraciones para negociar cambios en el articulado de la Ley de Plurilingüismo aprobada por Les Corts el pasado febrero, al considerar que «podría incurrir en inconstitucionalidad». Fuentes del Ministerio de Educación han explicado que la Generalitat ha aceptado esta medida y que las conversaciones se pueden prolongar durante seis meses. En caso de alcanzarse un acuerdo implicará modificar la normativa, que ya está en vigor y ha obligado a todos los centros a adaptar sus programas lingüísticos de cara al próximo curso. Si no hay entendimiento entre las partes, el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El última día para hacerlo sería el 22 de noviembre.

«El Gobierno defiende la libertad de los padres para elegir en qué centro quieren que estudien sus hijos y para elegir en qué lengua quieren educarlos», han señalado fuentes del Ministerio de Educación, que añaden que la ley «no puede provocar ningún tipo de discriminación y la enseñanza en castellano debe estar garantizada conforme a la legislación». Una obligación que, se continúa, atañe a «todos los responsables políticos».

«El castellano y el valenciano son lenguas oficiales en la Comunitat y deben ser protegidas por los poderes públicos. Pero deben ser protegidas ambas, no se puede introducir ningún tipo de vía que pueda generar discriminaciones lingüísticas», se señala.

La comisión bilateral tiene como objetivo «resolver los posibles problemas de constitucionalidad», concluyen las mismas fuentes. Cabe recordar que a finales de abril se conocieron las sentencias del TSJCV sobre los diferentes recursos presentados contra el decreto de plurilingüismo, la primera normativa del Consell del Botánico que reguló el modelo lingüístico en las escuelas. Aunque fue derogado por el propio Gobierno Valenciano el tribunal decidió pronunciarse sobre aquellos aspectos que consideró que seguían vivos en las normativas que le sucedieron, entre ellos la ley actual. Y sentenció que había aspectos inconstitucionales y que en numerosos municipios desapareció la opción de estudiar con el castellano como lengua principal de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos, pese a que su oferta no puede eliminarse en base a la Constitución, la Ley Orgánica de Educación (vigente y modificada por la Lomce) e incluso conforme la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

«La libertad es un pilar fundamental en nuestro Estado de Derecho y las normas aprobadas por las comunidades autónomas no pueden suponer un menoscabo a recibir una educación en castellano», sentencian desde el ministerio, lo que da idea de cuáles son los reparos que observan en el articulado.

El escenario que se abre es incierto. Si bien no habrá consecuencias en la admisión de alumnos que se inicia el 17 de mayo, cabe la posibilidad de que la ley sea modificada (si hay acuerdo) o impugnada. En este segundo caso todo dependería del fallo del Constitucional, aunque cabe recordar que el presidente del Gobierno tiene la potestad, a la hora de presentar el recurso, de solicitar la suspensión cautelar, que sería automática en caso de ser admitido a trámite.

La Conselleria de Educación defendió la pasada semana que el ministerio fue conocedor de la ley en la fase de tramitación, y que consideró que «era impecable» con la salvedad del artículo 11, donde se señala entre otras cuestiones que la Generalitat promoverá que los centros vehiculen el 50% del horario lectivo en valenciano. Tanto desde el PPCV como desde el departamento estatal cuestionan esta afirmación, señalado que se ha estado analizando la norma desde su aprobación a finales de febrero. En cualquier caso, tanto Miguel Soler como Vicent Marzà se mostraron dispuestos a hablar sobre la norma pero recordaron la potestad autonómica, derivada del Estatuto, de potenciar la lengua propia.

En los últimos días los partidos de la oposición y las asociaciones críticas con el modelo lingüístico habían reclamado que el ejecutivo diera el paso. El propio Rajoy, el pasado fin de semana, ya dio pistas de lo que iba suceder al alertar en Alicante de que actuarían si no se garantizaba la libertad de los padres en la elección de la lengua de enseñanza.