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Han pasado casi dos años desde que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas Castor sin que se haya producido ninguna evolución significativa en el proyecto. Es más, la situación se ha agravado porque la vida útil del sellado provisional colocado en el año 2015 ya ha vencido.
En 2015 el Gobierno decidió colocar dos tapones para sellar el almacén de gas de forma provisional hasta que se tomara una decisión sobre su futuro. La vida útil estimada de estos instrumentos era de entre dos y cuatro años por lo que casi doce meses que han caducado, según explicaron fuentes de Compromís.
En una pregunta parlamentaria formulada por Carles Mulet, senador de la formación naranja, el Ejecutivo aseguró que estaba verificando varias normativas sectoriales para aprobar el proyecto, una contestación que el parlamentario de Compromís calificó de "excusa". Mulet acusó al Gobierno de un retraso deliberado de los trabajos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado mes de julio el anuncio de que el proyecto de sellado definitivo entraba en la fase de información pública. Tampoco cuenta todavía con la declaración de impacto ambiental. El coste de la actuación, según cálculos del Gobierno, rondan los 70 millones de euros y se necesitarán más de 200 días para concluir los trabajos.
En la documentación oficial recibida por Compromís se estima que desmantelar las plataformas marinas tendrá un coste de cercano a los 160 millones de euros. Un cantidad a la que habrá que sumar 58,16 millones por el abandono de 13 pozos y 27 más por el desmontaje de la planta terrestre de operaciones y restitución de los fondos.
Pero hasta el momento no se han iniciado las obras y la plataforma continúa frente a la costa de las poblaciones del litoral norte de la Comunitat Valenciana. El Ministerio para la Transición Ecológica no contestó ayer a las preguntas de este periódico sobre el estado en el que se encuentra ahora el proyecto.
Según la información publicada en julio de 2020 en el BOE, el sellado y abandono definitivo del almacén se hará en tres fases. La primera consistirá en la aproximación de la unidad de operación. A continuación se procederá al sellado y desmantelamiento de la plataforma y, por último, se comenzará la retirada del equipamiento y la restauración del fondo marino.
El proyecto Castor se comenzó a gestar en 2008. Pretendía utilizar un antiguo pozo petrolífero a más de 1.700 metros de profundidad bajo el nivel del mar para almacenamiento de gas. Tenía un presupuesto de 1.200 millones de euros.
Los problemas surgieron una vez que se procedió a la inyección del gas en las conducciones en 2013. A partir de ese momento se produjeron más de medio millar terremotos en la zona lo que llevó al Gobierno a detener la operación y ya bajo la presidencia de Sánchez a ordenar el sellado y abandono definitivo de las instalaciones.
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