El Gobierno solicita al fin las ayudas a Europa para la dana y cifra los daños en 4.404 millones

Según el comunicado del Gobierno, desde el 4 de noviembre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que España tenía intención de acogerse al Fondo de Solidaridad. A partir de aquí, la normativa de acceso a estos fondos establece que el país en cuestión cuando consideren la catástrofe de naturaleza grave y que los daños superen el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o los 3.00 millones de euros -teniendo en cuenta el índice de precios del año 2011-. Según la documentación remitida por el Ministerio, España cumple con esta documentación.

De esta manera, el Estado ha explicado que el Fondo de Solidaridad financia parte -que no de manera completa- de los gastos derivados de la catástrofe. Algunos de los gastos enumerados son: Restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; alojamientos temporales y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural; u operaciones de limpieza. La documentación remitida por el Gobierno detalla que los gastos que cumplen los requisitos para el acceso al Fondo de Solidaridad ascienden a 4.404 millones de euros.

Sin embargo, ni mucho menos España podrá percibir dicha cantidad económica. En primer lugar, el Estado ya ha avisado que algunos de los gastos que ha incluido en la solicitud podrían recibir financiación del del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, Europa es clara en la normativa, y el reglamento establece que no se permite la doble financiación de las medidas y el Estado beneficiario debe garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión.

Además, la solicitud de España aún debe ser revisada por la Comisión Europea, que evaluará y decidirá el importe que le cede a España, que deberá ser aprobado por el Consejo y Parlamento europeos. Un proceso que puede durar «meses», y cuyo importe máximo, en el mejor de los casos, será de 1.500 millones de euros