Un juzgado investiga 650 grabaciones a funcionarios, agentes y vecinos de Buñol

El teléfono móvil de la patrulla de la Policía Local de Buñol es el centro de la polémica. El asunto está ya en manos del juzgado de Requena después de que se haya presentado una denuncia por los posibles delitos de escuchas y grabaciones ilegales, de delitos contra la intimidad y el honor de las personas, además de vulnerar la ley de Protección de Datos.

En el Ayuntamiento de Buñol están al corriente de la situación y son conscientes del problema que existe, aunque su respuesta sobre el tema es escueta. «Es un tema que está en investigación», señaló la concejal de Gobierno Interior, María Álvarez Gil, que a la pregunta de si el teléfono estaba bajo custodia aseguró que lo desconocía sin querer dar más detalles sobre el caso.

En la denuncia presentada en el juzgado de primera instancia número 3 de Requena, que ha sido admitida a trámite según las fuentes consultadas, se denuncia que en el teléfono móvil de la patrulla de la Policía Local de Buñol se habían encontrado 34 carpetas no consecutivas con grabaciones desde el 11 de julio al 22 de noviembre de 2018. Esas carpetas contienen 650 archivos de audio de conversaciones, según consta en la denuncia, entre agentes y de policías con ciudadanos de Buñol, con funcionarios del Ayuntamiento, con concejales y con miembros de otros cuerpos de seguridad.

Los denunciantes aseguran que en ningún caso el móvil de la patrulla local de Buñol avisaba de que la llamada iba a ser grabada. Además, tampoco consta un comunicado por parte de la Policía Local a los miembros del cuerpo de que cualquier llamada que se produjera con el teléfono de la patrulla sería grabada por defecto.

Antes de presentar la denuncia en el juzgado de Requena, se remitió un escrito al jefe del cuerpo para poner en conocimiento la situación. Al no recibir una respuesta satisfactoria de sus superiores, se tomó la decisión de acudir a los tribunales .

Además, las grabaciones eran vox populi entre algunos agentes del cuerpo, que comentaban entre ellos que han escuchado conversaciones entre otros compañeros y con ciudadanos de la localidad. Una situación que podría llevar a que ciudadanos afectados pudieran también unirse a la denuncia presentada en el juzgado de Requena.

El Ayuntamiento guarda silencio y sólo reconoce que existe una investigación abierta. Tampoco se sabe si el teléfono móvil anterior de la patrulla policial grababa las conversaciones en las que participaban los agentes de la policía con otros compañeros, funcionarios o cargos públicos del Ayuntamiento.

La normativa sobre la protección de datos recoge que el teléfono policial de la patrulla sólo podría grabar conversaciones en el caso de que fuera un terminal destinado a la investigación. Otra de las posibilidades es que el teléfono recibiera llamadas de emergencia, como es el 112, lo que sí que sustenta la grabación.