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DELEGACIONES/F. R.
Miércoles, 1 de septiembre 2021, 00:51
valencia. Las lluvias torrenciales que sufre la Comunitat Valenciana prácticamente todos los años entre finales de verano y otoño ponen en evidencia que los planes para minimizar los efectos de las inundaciones suelen servir únicamente para actualizarse sobre el papel y postergar durante décadas la ejecución de las grandes obras de infraestructuras hidráulicas, como los embalses de laminación de avenidas. El último que se construyó fue el de Algar, casi en el tramo bajo del Palancia, finalizado en el año 2000 pero al que no le colocaron las compuertas para regular el agua hasta 2006.
Pendiente queda por construirse el embalse de Vilamarxant, planificado a finales de los años 60 del pasado siglo como complemento del Plan Sur para evitar que se inunde Valencia, o los de Montesa, Sellent y el del río Magro, dentro del plan para laminar las avenidas del río Júcar, desarrollado tras la pantanada de Tous de 1982.
Son décadas de retraso las que se acumulan en la ejecución de obras destinadas a salvar vidas y bienes, con independencia de si se trataba de una competencia del Gobierno central o autonómico o del signo político de la administración que tenía la responsabilidad de impulsar unas actuaciones decenas de veces prometidas pero que nunca se han ejecutado. Quizá porque se trate de actuaciones electoralmente poco lucidoras que sólo se echan en falta cuando se necesitan.
Junto a estos tres embalses proyectados, y en el que en el caso de Vilamarxant se llegó a plantear las expropiaciones de suelo, encontramos en la lista de pendientes el encauzamiento completo del barranco del Poyo, el de Torrent, el de Silla y el de Alginet, las mejoras de encauzamiento del río Veo en Castellón entre otras.
O sin ir más lejos, pendientes también se encuentran las actuaciones contra inundaciones prometidas en la Vega Baja del Segura tras el desastre de septiembre de 2019. El Consell sólo ha ido acometiendo reparaciones de los daños que causó el agua.
Quizá por la innegable deficiente financiación de la Comunitat Valenciana, porque la tendencia ecologista orilla el cemento como solución a prevenir inundaciones, por el aumento de gasto público que ha supuesto la pandemia de coronavirus o por falta de voluntad política, las actuaciones antirriadas emprendidas por el Consell llevan este año un nivel de ejecución de un 11%, según la documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Además, según la diputada autonómica del PP, Elisa Díaz, «la inversión en depuración y saneamiento en los cinco primeros años del Botànic había bajado un 90%», cuando esas actuaciones son «algo fundamental».
Otro problema, pero más sencillo de resolver, es la limpieza de ríos y barrancos. La Confederación del Júcar, en sus 46.000 kilómetros de cauces, ha puesto en marcha 57 actuaciones, como la emprendida en el parque fluvial del Turia en Manises y Ribarroja, donde ha eliminado el cañaveral, colocado una tela negra para impedir que la raíz de las cañas renazca y dentro de año y medio, plantar vegetación de ribera autóctona, puesto que la caña es una especie invasora.
En el caso de Sagunto, que este lunes puso a prueba sus infraestructuras con una tromba de agua con 228 litros por metro cuadrado, desde el Ayuntamiento se recordó que limpiar el cauce de la acequia de Gabau, ubicada cerca del mar, no entra dentro de la responsabilidad municipal, sino que es labor de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Vecinos de la zona explicaron que el cauce siempre está sucio con cañas y restos de poda, materiales que, como se ha visto, causan problemas para que el agua discurra con normalidad y provocan el desbordamiento en la carretera contigua.
Las mismas fuentes municipales recordaron que hace cinco meses pidieron una subvención para poder realizar actuaciones alrededor del cauce y confían en que se produzca una respuesta positiva cuanto antes.
En la Marina Alta, año tras año el río Girona concentraba todas la miradas ante la importante presencia de cañas a lo largo de su cauce. Pero esa preocupación ha desaparecido después de que la CHJ haya invertido más de un millón de euros en el proyecto para restaurar el bosque de ribera autóctono de ese lugar.
Los primeros trabajos de retirada de cañas y colocación de coberturas opacas comenzaron por la zona de Beniarbeig. Luego siguieron en Ondara y El Verger. De esta forma se está erradicando esa caña invasora, como en el Turia. Y a partir de este otoño se retirará esa cobertura y se iniciará la plantación de especies autóctonas.
Por su parte, los municipios se encargan de mantener en condiciones el tramo del cauce que pasa por la zona urbana. Otro de los puntos conflictivos estaba antes en el Barranc Les Portelles, en El Verger. En estos momentos ese aliviadero del río Girona está limpio, según recalca el alcalde, Ximo Coll.
En el caso de Dénia, los problemas suelen concentrarse en la zona del Montgó. Allí el consistorio debía pedir autorización a la CHJ para actuar. Ahora que en los próximos días el plan de actuación ante incendios tendrá la aprobación definitiva, van a lanzar una licitación para limpiar los barrancos.
El contrato, según comenta la edil de Transición Ecológica, Maite Pérez, asciende a 30.000 euros y espera que esté adjudicado este mes de septiembre y que en octubre ya se puedan llevar a cabo estas tareas. La concejal subrayó que van a empezar a actuar de inmediato en las zonas donde hay más peligro de incendio o de inundación, donde estén más cercanas las viviendas.
Por su parte, Benidorm ya ha hecho los deberes y tiene los barrancos listos para afrontar una gota fría. El concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, destacó que desde el consistorio se trabaja todo el año para que los tramos urbanos, competencia municipal, estén preparados para las lluvias. Pero no ocurre lo mismo en las zonas competencia de la CHJ
En la Ribera Alta las inundaciones de los últimos años han sido provocadas por el desbordamiento de los barrancos. Aunque los ayuntamientos se afanan en limpiarlos hay algunos cauces en los que la mano de obra no es suficiente. Es el caso del barranco de la Casella, en Alzira, que confluye con el Júcar. Este cauce no se limpia desde hace años.
Es un punto conflictivo ya que además de desembocar en el Júcar también se une con el de Barxeta. En este caso, además de reclamar la limpieza, las reivindicaciones vecinales y de los ayuntamientos de Alzira y de Carcaixent pasan por ampliar la capacidad del Barxeta y de la Casella.
En el caso de Carcaixent exigen que se ponga en marcha una solución, tanto para el tramo final ubicado en Alzira, como en la zona de Cogullada que se inunda a causa de la falta de lecho del Barxeta.
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