Los hijos de Shirley, Alejandro, Jeyce, Esther, Diana, Julio César y Ana tienen necesidades educativas especiales. Presentan algún tipo de discapacidad que no impide su escolarización en un centro ordinario. La etiqueta es genérica e incluye un amplio abanico de diagnósticos -o sospechas cuando son ... muy pequeños- que dan derecho a una serie de apoyos durante su vida escolar. Caben trastornos del lenguaje y la comunicación, de comportamiento, de déficit de atención, del espectro autista, dislexias o retrasos globales del desarrollo.
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La ayuda extra, añadida a los tutores habituales, se basa en maestros o profesores especialistas (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación) y en personal no docente de apoyo: educadores o educadoras. Si los primeros fallan -hay una vacante o una baja- la cobertura llega en pocos días. Pero si el problema se da entre los segundos, cuya gestión está a caballo entre las consellerias de Administración Pública y Educación, los plazos se dilatan muchísimo. Y todo el andamiaje que sustenta el sistema de inclusión se resiente.
Es simple: el alumnado más sensible pierde un recurso básico para avanzar, pues favorece la atención individualizada -en muchos casos llega a ser personal- para tareas adaptadas, facilitar la concentración, el autocontrol o atender necesidades fisiológicas. Con la falta de cobertura los centros pierden manos profesionales, y por mucho que se reorganicen las tareas docentes resulta imposible cubrir todas las necesidades, las especiales y las del resto de la clase.
El último caso en sumarse a la lista de colegios afectados es el Ceip Torrefiel de Valencia, que cuenta con dos líneas y un aula de Comunicación y Lenguaje (CyL): una unidad específica para alumnado autista, que reparte su horario entre este recurso y su clase ordinaria.
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El centro suma más de una veintena de niños con necesidades especiales, y en las últimas dos semanas han tenido que salir adelante sin educadoras. No ha habido ninguna. Las bajas de las profesionales han afectado progresivamente a las tres plazas que tienen asignadas, dos para grupos ordinarios y otra para el aula CyL: una llegó a principios de octubre y las otras a principios de noviembre.
Desde el centro se informó a las familias del problema y de que se habían realizado los trámites para su cobertura, pero la solución se demora y las familias se han movido. La pasada semana presentaron un escrito a la directora general de Inclusión, donde se señala que «el personal del colegio no da abasto para cubrir sus tareas» ni se sabe cuándo se cubrirán los puestos. También han querido visibilizar su situación. Otra forma de ejercer presión.
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Eso sí, dejan claras dos ideas: no cargan contra el centro -asumen que hace lo que puede- ni contra las profesionales, centrando su crítica en la administración. «Necesitamos diligencia. No somos el único centro así, pero son alumnos vulnerables y tienen ese derecho», explica Jeyce Lasorsa. Durante este tiempo ha visto a su hijo «más alterado» e incluso «retrocediendo en aspectos en los que avanzaba». «Están acostumbrados a unas rutinas, a tener a alguien más allá de su maestra. Se desubican», añade.
«No sé cómo puede conseguirse la inclusión así, cómo pueden trabajar con él siendo más de veinte niños en el aula», añade Shirley Vega, que como todos sufre por la situación. «Te afecta psicológicamente», añade, mientras su marido Alejandro Mújica no se explica la tardanza: «Si el centro envía un informe con sus necesidades estas deberían ser respondidas con agilidad».
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Desde Administración Pública explican que ellos se encargan de vacantes definitivas y que la cobertura de bajas compete a Educación. Esta aclara que dos plazas han sido asignadas a interinos de la bolsa de trabajo de la anterior conselleria, y que esta semana «firman y se incorporan». Para la otra están «llamando por teléfono una a una a las personas de la bolsa ofreciéndola». Y esperan cubrirla «en breve».
El hijo de Esther Boada pasa buena parte de su horario en el aula CyL. «Tiene unas estructuras de trabajo y unas rutinas y de repente cambian. Las maestras me han llegado a pedir disculpas por no haber podido trabajar algunos aspectos», explica.
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Diana Valencia y Julio César Aricapa han llegado este curso al cole. La existencia de un apoyo de educadora ayudó a tomar la decisión de escolarizar a su pequeño. «Ya teníamos resuelto el control de esfínteres y en los últimos días han sido varios los escapes», explican. Ana Díaz, por su parte, insiste en que falta alguna plaza más. «En años anteriores mi hijo tuvo horas asignadas, pero para este no. Y hemos retrocedido», alega.
El problema con la cobertura de plazas no es nuevo. El día 9 Fampa València, la federación de Ampas mayoritaria, alertó de carencias en otros tres centros, uno de ellos de Educación Especial, y recordó que es un problema que se remonta a años anteriores, por lo que exigió una solución «urgente para normalizar la escolarización del alumnado».
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