La guerra del agua amenaza con volver quince años después

Nadie quiere oír hablar de una nueva guerra del agua, pero su sombra se cierne sobre las regiones del sureste español casi quince años después del famoso 'Agua para todos'.

La sequía está haciendo que se reabran viejas heridas que parecían ya selladas. No sólo está teniendo desastrosas consecuencias económicas y medioambientales sino que amenaza con provocar una fractura política y social.

Esta pasada semana los regantes anunciaron una serie de movilizaciones para reclamar agua al Gobierno. Es la primera vez desde la guerra del agua en que se convoca una manifestación exigiendo soluciones a la falta de recursos hídricos con la que se encuentra el sureste español.

Frente a la postura más conciliadora adoptada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno, el ejecutivo regional de Castilla-La Mancha ha optado por una posición radical que está causando un hondo malestar en las comunidades del sureste español.

Los continuos recursos judiciales contra cualquier trasvase desde el Tajo y las manifestaciones de miembros del ejecutivo manchego negando la posibilidad de nuevas transferencias han levantado las alarmas de los regantes de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería. Este «nacionalismo hídrico», como lo calificó uno de los dirigentes de los regantes valencianos, está contribuyendo a enconar las posiciones.

Cuando se les pregunta sobre la posibilidad de que se reproduzca 'la guerra del agua', los regantes apuestan por llegar a una posición de consenso. Ahora bien, no dejan de criticar la posición de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana, José Antonio Andújar, señaló que el ejecutivo manchego «no está en una situación de diálogo y se olvida de que el bienestar de que goza esa región se debe a la solidaridad entre territorios españoles».

Juan Valero de Palma, secretario general de los Usuarios del Júcar, calificó de «irracionalidad total» la oposición de Castilla-La Mancha «a que salga una sola gota de agua de su territorio».

En la misma línea se manifestó Benjamín Aparicio, presidente de los regantes del Turia, que apostó por los trasvases como única alternativa al déficit hídrico que sufre la Comunitat Valenciana.

La sequía, por otra parte, ha dejado al descubierto los vaivenes en la política hídrica que ha sufrido España durante los últimos quince años y las obras comprometidas por las administraciones y que no se han ejecutado en los último tres lustros, según recordó José Antonio Andújar.

A principios de siglo el gobierno del PP puso en marcha el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Cuatro años después llegó el PSOE al poder e introdujo el Programa Agua basado en la desalinización y la minimización de los trasvases.

La vuelta al poder de los populares en 2011 dio una nueva vuelta de tuerca. El Gobierno de Rajoy dejó languidecer el Programa Agua y luego optó, según los regantes, por la inacción y la falta de una política hídrica definida ante la crisis, la reducción de inversiones públicas y la polémica que generan.

Desde la Federación de Regantes valoran el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno para llegar a un pacto del agua, pero reclaman mayor rapidez y que vaya acompañado de un plan de obras hidráulicas. En este sentido, Andújar resaltó que «sólo pedimos el 2% del agua que vierten al mar los ríos españoles».

Benjamín Aparicio se decantó claramente por reclamar el trasvase del Ebro como única solución al problema hídrico de la Comunitat. Valero de Palma, por su lado, apostó por priorizar obras pendientes como la modernización de regadíos, «unas obras que no tienen a nadie en contra», especificó.

El presidente de los regantes del Turia, Benjamín Aparicio, quiso dejar claro que «las desalinizadoras no son la solución a la falta de recursos hídricos en la Comunitat».

En este sentido, desde la Federación de Regantes de la Comunitat José Antonio Andújar explicó que la desalinización tiene dos problemas fundamentales para que pueda ser usada por los agricultores. Por un lado, el costo. Con la subida de las tarifas eléctricas el precio del agua se ha disparado. Por otro, el contenido en boro que la hace inutilizable para el riego.

En este sentido, Andújar explicó que Acuamed, la empresa dependiente del Ministerio de Ambiente que ha construido las desalinizadoras, está teniendo que poner filtros a la planta de Torrevieja para rebajar la presencia de boro.

Los regantes, además, apuestan por poner encima de la mesa todos los recursos. Por ello han solicitado a las administraciones, tanto autonómica como central, que cumplan con las promesas que en materia de infraestructuras hídricas han venido realizando durante los últimos años.

Valero de Palma reclamó que se termine con el proceso de modernización de los regadíos del Júcar, una obra aprobada por un convenio en el año 2001 y que todavía no se ha ejecutado.

También está pendiente la habilitación de varias desalinizadoras en la Comunitat. E insistieron en la necesidad de mejorar la depuración de las aguas, una tarea que es prácticamente exclusiva de la administración autonómica. «En una situación como la actual hay que movilizar todos los recursos disponibles», explicó Andújar.