La asociación Hablamos Español se ha cansado de esperar a que los partidos cumplan la ley de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y pueda finalizar la tramitación de la propuesta que presentaron en 2019 para blindar la enseñanza del castellano en los colegios de la Comunitat.
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La organización, que fue muy crítica con el PSPV y Compromís en la anterior legislatura, carga ahora contra el PP y Vox. Por los mismos motivos: la inacción a la hora de desarrollar la ley y que se aplique en su totalidad, de manera que pueda defender su propuesta ante el pleno de Les Corts.
Hablamos Español considera que están realizando «un ejercicio de filibusterismo parlamentario» que dilata todo el proceso, lo que supone «un desprecio a una iniciativa ciudadana y al Estado de Derecho», pues han cumplido «la pie de la letra» con los diferentes requisitos legales que se les exigieron.
Así se recoge en las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo estatal y el Síndic de Greuges, una decisión que persigue conseguir un pronunciamiento favorable que contribuya a desatascar la situación.
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Las ILP permiten a los ciudadanos presentar proposiciones de ley para que las valore el parlamento, y se regulan mediante una ley impulsada por el Botánico, en vigor desde mayo de 2017. Buscaba incrementar la participación, y además de reducir el número de firmas a reunir para su admisión permitía que un representante de la comisión proponente interviniera en el pleno de Les Corts para su defensa, igual que cualquier diputado.
Sin embargo, esta disposición chocaba con el reglamento de la cámara, que sólo da este derecho a los representantes electos. De ahí que la ley fijara un plazo de tres meses de su entrada en vigor para adaptarlo. Venció en agosto de 2017 y a día de hoy, más de seis años después, sigue pendiente.
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La alternativa que se da a los proponentes es participar únicamente en la comisión de Educación, órgano de menor entidad (y visibilidad) por el que debe pasar la ILP antes de su votación final en el pleno. Hablamos Español siempre se ha negado a esta opción, al considerar que es fundamental dirigirse primero a la cámara en su totalidad para conocer sus argumentaciones. Además, es una forma de forzar sus posicionamientos. Y en el contexto actual, a sabiendas de que el Consell prepara una nueva ley de plurilingüismo, ayudaría saber por dónde van los tiros y si coincide con la propuesta. En síntesis plantea que cualquier familia pueda elegir si sus hijos se forman con el valenciano o con el castellano como lengua mayoritaria, haciendo la planificación de la oferta en función de las preferencias trasladadas.
La presión de la organización se ha mantenido en los últimos años, tanto a la cámara -apelando al entonces presidente Enric Morera para que dictara instrucciones para suplir la falta de adaptación del reglamento- como a los partidos, para que presentaran una proposición para su reforma. Lo consiguieron en junio de 2022, a propuesta de Vox y con los votos favorables del PP, Ciudadanos y la abstención del PSPV. Sin embargo, la disolución de la cámara el pasado abril hizo que decayera esta iniciativa, lo que implica empezar de cero.
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«Desde entonces estamos intentado sin éxito que los grupos parlamentarios soliciten de nuevo el cambio del reglamento. Se lo hemos pedido formalmente por escrito e insistido por todos los medios. Hemos retrocedido a la situación de principios de 2022, pero además, los partidos que entonces desde la oposición, siendo minoría, reclamaban que se adaptara ahora se niegan a hacerlo», reza el escrito. «Si un parlamento aprueba una ley para que los ciudadanos podamos presentar nuestras proposiciones en unas determinadas condiciones, no es admisible que se obstruya el desarrollo legalmente previsto por parte del mismo parlamento», se razona, antes de señalar que «se está actuando de nuevo con total desprecio a la voluntad popular».
En cuanto a la ILP, no decayó por la convocatoria de elecciones, sino que una vez constituida la cámara se reinició la tramitación, solicitándose el pasado julio otro informe al nuevo Consell para que manifestara su criterio. «Ni siquiera se ha emitido, algo que sí se hizo en la anterior legislatura», recuerda el escrito, que también recoge que si bien el plazo para hacerlo ya ha vencido, lo que no supone un obstáculo para que la ILP siga su curso, «sí es un motivo más para que nos sintamos ninguneados», se añade.
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