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La asociación Hablamos Español, que ha llevado a Les Corts una ley para garantizar la enseñanza en castellano en los colegios de la Comunitat, ha dado a la cámara una semana de plazo para que inicie los trámites necesarios que permitan presentar y defender la propuesta ante el pleno, que pasan por modificar urgentemente su reglamento de funcionamiento.
El objetivo es sortear los obstáculos normativos que se están encontrando, imputables a «la desidia» del parlamento valenciano y la mesa que lo preside. De hecho se plantea que cualquier plazo relacionado con el avance de la tramitación quede suspendido hasta que se encuentre una solución al embrollo que afecta a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), que lleva casi cinco años pendiente.
En caso contrario la entidad «se reserva el derecho a interponer la correspondiente querella criminal contra el presidente y los miembros de dicha mesa por si los hechos fueran constitutivos de un delito de prevaricación». También se advierte de que se acudirá al Tribunal Constitucional en caso de que no se reconoza su derecho de intervención.
Así se desprende del escrito presentado este miércoles en Les Corts, que tilda su actitud de «acto en fraude de ley» y habla de un «espacio de impunidad inaceptable» por no facilitar una salida a la contradicción normativa que debería estar resuelta desde agosto de 2017.
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Hablamos Español, al amparo de la Ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada ese año, presentó casi 40.000 firmas en apoyo de su proposición, que se basa en garantizar que cualquier familia pueda elegir que sus hijos se formen con el castellano o con el valenciano como lenguas mayoritarias, al contrario de lo que sucede con el modelo actual, donde todo depende de la oferta del centro, la zona o el municipio, con una clara prevalencia de la lengua autonómica.
Las ILP son propuestas de ley que no provienen de los diputados, sino de la ciudadanía, y deben reunir diferentes requisitios, como un mínimo de 10.000 rúbricas acreditadas. La ley de 2017 reconoce el derecho a que un miembro de la organización promotora pueda presentarla y defenderla en el pleno de Les Corts, con las mismas condiciones que los diputados en cuanto a tiempos y turnos, para después pasar a la comisión correspondiente donde se debate sobre la misma antes de volver al pleno para su votación final.
Sin embargo, el reglamento de Les Corts, que es anterior, dice que en las sesiones plenarias sólo pueden participar los diputados, y aunque la ley de ILP fijó un plazo de tres meses para adaptarlo (hasta agosto de 2017) evitando así esta paradoja, no se ha cambiado.
Ante el embrollo la mesa de Les Corts instó a Hablamos Español a participar únicamente en la comisión de Educación, que es la previsión del reglamento no adaptado a la ley posterior, a lo que la organización se niega. Alega que es importante intervenir con turno de réplica en el debate plenario porque «permitirá saber cuál es el posicionamiento de los grupos y su argumentación», así como «sobre qué aspectos incidir en la comisión y decidir a qué expertos proponer», pues en este foro se pueden aportar profesionales para que trasladen su opinión.
Aunque no se plasma en el escrito, también pesa la visiblidad que conseguirían, forzando además a las fuerzas políticas a pronunciarse en un aspecto espinoso, como es la lengua de enseñanza, a menos de un año de las elecciones.
Para modificar el reglamento de Les Corts se requiere que lo proponga un grupo parlamentario o un mínimo de diez diputados, algo que no se ha hecho pese al tiempo transcurrido. La organización considera que, atendiendo al mismo, el presidente debería haber tomado cartas en el asunto al tener la facultad de «interpretarlo en caso de duda y supliéndolo en caso de omisión».
«Dado que la cámara se ha negado, al menos implícitamente y por omisión, a dar cumplimiento al mandato legal, el presidente debería haber instado al parlamento en su conjunto a reformar el reglamento (...) y suplir esa falta de voluntad política, debida en el mejor de los casos a la más pura desidia de la cámara a dar cumplimiento a una ley aprobada por la propia cámara, lo cual es inaudito», dice el escrito. Como alternativa se le pide a Enric Morera que, en base a sus atribuciones, deje sin efecto las disposiciones del reglamento que impiden la participación de un ciudadano en el pleno.
El escrito también recuerda que el reglamento atribuye a la mesa de Les Corts «cuantas decisiones y medidas requiera la organización del trabajo y el régimen de gobierno interior», de ahí que extienda las culpas -«la falta de voluntad para cumplir con los mandatos legales»- más allá de la presidencia. En la misma están representados todos los partidos menos Vox, que en los últimos días ha presentado una proposición de ley para, precisamente, acabar con la contradicción normativa por la vía de urgencia.
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