La herencia envenenada de Carmen Montón

El conflicto generado con la recuperación del servicio de resonancias magnéticas no es el único al que se enfrenta la actual Conselleria de Sanidad. La herencia envenenada que dejó la anterior titular del departamento, Carmen Montón, ha obligado a los actuales responsables a asumir escollos y sentencias judiciales contrarias a sus intereses.

La inquina que Montón siempre ha mostrado a la gestión indirecta se tradujo en activar un plan para cobrar las liquidaciones pendientes a los hospitales concertados, pese a estar a expensas de una decisión judicial. La exconsellera, incluso, aseguró que Sanidad debía recibir unos 300 millones de euros. La sentencia del Tribunal Supremo anuló el modelo y el departamento ha tenido que rebajar a poco más de la mitad sus pretensiones económicas.

La reversión a gestión pública del departamento de salud de La Ribera, con el hospital de Alzira como punta de lanza, originó un cruce de demandas judiciales entre la Administración y los anteriores gestores que enturbió el proceso. El modelo empleado para subrogar el personal sigue cuestionándose.

La también exministra no dudó en vetar la unidad de cirugía cardiaca del Hospital de Manises, de gestión indirecta, argumentando que no tenía autorización, máxima que desmentía la auditoría de la Sindicatura de Comptes. Ahora Sanidad ha tenido que mantener la decisión exigiendo unos requisitos que no cumple ningún hospital valenciano. También se puso trabas

El plan de Montón para cambiar el reparto de medicamentos en las residencias llegó a ser recurrido por al Colegio de Farmacéuticos, que se opuso frontalmente al planteamiento inicial. Las negociaciones de la nueva consellera han reconducido la situación para generar un modelo que cuente con respaldo.