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DANIEL GUINDO
Martes, 3 de mayo 2022, 23:44
«Cuando me conocen, empiezan a aceptarme por mi esfuerzo y porque tengo unos valores que mucha gente no tiene». Carlos no lo ha tenido nada fácil en esta vida. Fruto de un retraso en el parto sufrió una parálisis cerebral que, sumada a la hipoacusia neurosensorial y la escoliosis que padece, le provocó una discapacidad del 66%. Pero eso no le impidió terminar Primaria y Secundaria a curso por año y con una mención honorífica por su esfuerzo; ni completar un grado medio de técnico de farmacia, con sus correspondientes prácticas, y otro de atención a personas en situación de dependencia. Ni siquiera le supone un problema para formar parte de un equipo de baloncesto de personas sin diversidad funcional. Sin embargo, y frente a todo pronóstico, el hospital Arnau de Vilanova ha prescindido de sus servicios apenas una semana después de contratarlo para cubrir una baja laboral. Trabajó unos días y hasta le felicitaron por cómo preparaba los carros de la medicación. Pero no fue suficiente. Un informe médico del servicio de prevención de riesgos laborales lo califica de apto, pero con limitaciones, lo que ha facilitado su cese al argumentar el centro que no es posible adaptar el puesto de trabajo a su situación. «No han dejado ni que lo intentara por miedo, han exagerado sus limitaciones para poder cesarlo», sentencia Raquel, su madre.
Al respecto, desde la Conselleria de Sanidad apuntan que la actuación del hospital «ha sido la correcta». Al respecto, señalan que, al tener que cubrir una incapacidad laboral de un trabajador, el centro recurre a la bolsa y llama a la persona que le corresponda por turno. Posteriormente, es el servicio de riesgos laborales el que determina si el aspirante es apto. En esta caso, fijó que Carlos no podía desarrollar determinadas tareas, y que este no es un puesto adaptado para personas con discapacidad, por lo que no puede llevar a cabo el trabajo. «Hay muchos puestos adaptados, pero este no, por lo que no hay discriminación», resumen.
Carlos es un chico tímido y tiene ciertas dificultades en el habla, por lo que fue víctima de las típicas burlas en el colegio que le hicieron algo más retraído. Los médicos no creían que pudiera acudir a clase con normalidad, pero gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia, sobre todo de su madre, fue un alumno más y uno de los más queridos. Hasta fue galardonado, junto a unos compañeros, con un accésit en un concurso internacional de proyectos científicos. Cuando terminó el grado de técnico de farmacia pensaba que todavía no estaba del todo preparado para iniciar su andadura en el mercado laboral (pese a los buenos resultados, tanto en la formación como en la prácticas), por lo que optó por mejorar sus destrezas con otro curso para atender a dependientes. Al terminar, decidió opositar y se inscribió en la bolsa de trabajo de la Conselleria de Sanidad aportando toda la documentación pertinente, como el dictamen de su discapacidad. Así, el 25 de febrero se produjo la llamada del hospital Arnau para que tres días después fuese a firmar su contrato laboral. «Nos pusieron bastantes pegas, primero por el dictamen de discapacidad y luego por el certificado que acreditaba la titulación porque por el Covid se había retrasado el título definitivo, aunque finalmente firmó el contrato», recuerda Raquel.
«Los compañeros me enseñaron el servicio y empezamos a hacer las tareas que tocaban. Al tercer día me llamaron del servicio de prevención de riesgos laborales. Me tomaron la temperatura y la tensión arterial, y me hicieron firmar un consentimiento para que pudieran consultar mis informes médicos. Y ahí se asustaron», describe Carlos. Unos días más tarde, justo en un día libre que tenía después de haber trabajado un fin de semana, llegó un informe del citado servicio, en el que apuntaba que era «apto con limitaciones». El documento señala que su minusvalía le impide desarrollar tareas complejas que requieran el uso de aplicaciones informáticas o la utilización de escaleras para trabajar en altura, entre otras, cuestiones que le han indignado tanto a él como a su progenitora. «Me he sentido discriminado porque muchas de las cosas que dice el informe las puedo hacer, pero no me han dejado ni tocar un ordenador ni subir a una escalera», lamenta este joven.
Tampoco han servido de nada el informe de compatibilidad para el desempeño de tareas y funciones del puesto de la Generalitat, que lo considera apto para el puesto de auxiliar de farmacia, ni los escritos remitidos por la Asociación Levantina de Funcionamiento Intelectual Límite (Alfil) y por la Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual (Fevadis) al hospital, que defienden la validez de Carlos para desempeñar las tareas encomendadas para su puesto de trabajo, y hasta se han ofrecido, en el caso de Fevadis, a acompañar al joven durante los primeros días para facilitar su integración laboral. «Con una mínima adaptación podría desempeñar las tareas encomendadas», recalcan desde Alfil.
Carlos lamenta que con estas decisiones se le impide lograr méritos más allá de la nota que obtenga en el examen de las oposiciones que se está preparando, situación que limitará de forma considerable que pueda optar a una plaza. Por ello, ha acudido al sindicato CCOO, cuyos servicios jurídicos le han trasladado que van a preparar un escrito de queja por estos hechos. «En la farmacia donde hice las prácticas me dijeron que no habían tenido a nadie que lo cogiera todo tan rápido» recuerda, mientras se pregunta por qué puede inscribirse en la bolsa de Sanidad si después no le dejan trabajar. «Ni siquiera lo han intentado, se asustaron y se lo quitaron de encima», sentencia su madre, quien espera que esta denuncia pública sirva para evitar otros casos similares.
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