Los hosteleros barajan acudir a los tribunales tras ordenar el TSJ vasco reabrir los bares

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en una decisión de consecuencias imprevisibles en todo el territorio nacional, abrió ayer la puerta a que la hostelería española pueda seguir funcionando en plena pandemia y a pesar de que los establecimientos se ubiquen en zonas particularmente azotadas por el virus. La justicia, por primera vez desde que se declarara la actual crisis sanitaria, da la razón a los hosteleros y revoca la orden de cerrar los establecimientos de hostelería sin más porque asegura que no hay evidencias de que la actividad en bares y restaurantes sea la causa principal de la transmisión del virus, al menos en el momento actual. Para los empresarios de la Comunitat Valenciana, esta resolución puede ser un resquicio al que agarrarse en estos duros momentos y ya barajan acudir de nuevo a los tribunales para ver si logran ese mismo resultado.

El fallo de la Justicia vasco -coincidieron todas las fuentes consultadas- evidentemente no crea jurisprudencia. Es más, ni siquiera es una sentencia. Se trata de una simple resolución admitiendo el recurso de los hosteleros y es recurrible en el plazo de cinco días ante el Contencioso-Administrativo. Pero en lo que también coinciden todos los juristas y magistrados consultados es que ese fallo del TSJPV abre la espita a que las patronales de hostelería de las autonomías en las que hay órdenes de cierres de locales para reducir la transmisión puedan recurrir para conseguir, como han logrado los bares y restaurantes vascos, unas medidas cautelares que les permitan de inmediato levantar la persiana, como hará a partir de este miércoles los hosteleros vascos, aunque siempre con las limitaciones existentes desde el inicio de la pandemia.

Y es que el argumento central esgrimido por los magistrados del Superior Vasco para derogar el cierre de los bares y restaurantes de los municipios con una incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos por 100.000 habitantes es común a todas las regiones españolas afectadas por las clausuras decretadas en las últimas semanas: «No aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad», concluye el auto firmado por los magistrados Luis Ángel Garrido, María Josefa Artaza y José Antonio González.

«La apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas (con las limitaciones de horarios y aforos que imperan desde inicio de la crisis sanitaria) no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública«, zanjan los jueces tras analizar un informe de la Dirección de Salud Pública del Gobierno vasco que, como buena parte de las consejerías autonómicas de toda España, defiende el cierre de la hostelería por considerar que los locales son uno foco importante de propagación del virus.

Los jueces recuerdan que en esa región «la incidencia mínima del virus se produjo el 27 de diciembre de 2020», una fecha muy similar a la del resto de las autonomías, que se emplearon a fondo para reducir la transmisión para 'salvar la Navidad'. Sin embargo, resalta la resolución, para ese día de diciembre al menos en el País Vasco la «hostelería (con sus limitaciones) llevaba abierta 15 días (...) sin que tal incidencia se elevase lo más mínimo».

La ministra de Sanidad tras conocer el varapalo judicial del Gobierno vasco se negó a valorar las posibles consecuencias que esta resolución podría tener a nivel nacional. Carolina Darias, que mostró su respeto a la decisión judicial, se limitó a recordar que el Ejecutivo central en octubre ya decretó el actual estado de alarma para que las autonomías, bajo ese paraguas, pudieran ordenar el cierre perimetral de sus territorios o municipios sin que esas decisiones fueran tumbadas por los respectivos tribunales superiores.

Sin embargo, ahora la situación es diferente. Las administraciones autonómicas sí que tienen potestad para ordenar la clausura de los establecimientos, por lo que la situación no se solventaría con un nuevo estado de alarma. El asunto -explican los juristas- es que los jueces vascos han abierto la puerta a revocar el cierre de los bares si la administración no demuestra de forma fehaciente que en «ese momento preciso» son foco de expansión del virus.

En ese sentido, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) anunció ayer, tras conocer la resolución, que van a analizar el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para «ver si es extrapolable a la Comunitat Valenciana, porque nuestra normativa es diferente en cuanto a las restricciones adoptadas«. Estudiarán la argumentación ofrecida en el País Vasco y decidirán si de nuevo intentan conseguir que se levante el cierre a través de los tribunales.

Cabe recordar que no es la primera vez que Hostelería Valencia acude al TSJ. Según recordó la patronal, «hemos recurrido la resolución del mes de agosto y sus prórrogas del cierre de ocio y las restricciones de la hostelería, dentro de la estrategia jurídica de Hostelería de España para anular ante el Audiencia Nacional el acuerdo adoptado por la interterritorial del mes de agosto».

De momento otro colectivo valenciano, SOS Hostelería, ya anunció la pasada semana que había presentado un recurso contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la Conselleria de Sanidad «por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19». En él se solicita la suspensión cautelar de ese cierre de bares y restaurantes.

Para esta asociación, la resolución de la Generalitat «es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores». Por ahora no ha obtenido respuesta, según confirmó ayer su presidente, Fidel Molina.