La huelga educativa en la Comunitat Valenciana ya tiene fecha: jueves 23 de mayo

La convocatoria formal correrá a cargo de los sindicatos STEPV, CC.OO. PV y UGT PV, tres de las cinco organizaciones con representación en la mesa sectorial de Educación y que forman parte de la entidad, que aglutina a diferentes agentes representativos de la enseñanza pública.

En cuanto al alumnado, hay que recordar que tienen derecho al paro académico a partir de 3º de la ESO, sin necesidad de autorización familiar, quedando los cursos inferiores a decisión de los progenitores.

La plataforma agrupa a buena parte de los sindicatos docentes -no están ANPE y CSIF, aunque se les invitará a secundarla-, a Fampa Valencia, la federación de asociaciones de padres y madres de la red pública más grande de la Comunitat-, a las federaciones de Ampas Enric Valor de Alicante y Penyagolosa de Castellón, a diferentes organizaciones estudiantiles, tanto universitarias como preuniversitarias, así como a asociaciones de directores e inspectores, además de a entidades como Escola Valenciana o la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat.

Entre los motivos alegados para impulsar el paro, el primero de este tipo desde la huelga estatal convocada en 2017 contra la Lomce del PP, está el rechazo a «las mal llamadas leyes de libertad educativa y de concordia, el abandono del plan Edificant o la vuelta al distrito único segregador». Además, se reivindica «una mejora de las condiciones del profesorado y de la escuela pública».

«Hacemos este llamamiento porque sólo así se podrá abrir un camino hacia una mayor presión social y sensibilización de la opinión pública, con el objetivo de que el gobierno valenciano deje de implementar políticas educativas regresivas», según el comunicado leído durante la rueda de prensa organizada en la entrada de la sede de la Conselleria de Educación para informar de la convocatoria.

«Estamos asistiendo con indignación al aumento de ataques a la escuela pública y en valenciano», prosigue, de ahí el «llamamiento a la movilización de todo el profesorado y de la comunidad educativa para exigir los recursos necesarios para una verdadera inclusión educativa y la mejora de las condiciones laborales y salariales», para lo que se plantean medidas como la eliminación de la burocracia, la reducción de horas lectivas para mayores de 55 años, el aumento de plantillas, la minoración de ratios y poner fin a las agresiones a docentes y la conflictividad en las aulas.

La plataforma también denuncia la «paralización» del plan Edificant, mientras Educación defiende que se ha ajustado el presupuesto tras la baja ejecución de años anteriores, que el distrito único «segrega al alumnado en función de las posibilidades económicas» -la administración alega que facilita la elección de centro- y rechaza los «recortes de idiomas en las EOI», que se justifican en que este curso ha sobrado el 39% de las plazas ofertadas.

También se alude al «intento de arrinconar el valenciano», lo que se vincula con la nueva ley educativa, que ciertamente lo minora en zonas castellanohablantes y condiciona la planificación de la oferta a las preferencias de las familias en el resto de comarcas, y con los cambios anunciados en À Punt. «Queremos que se garantice la oficialidad plena y efectiva de nuestra lengua en la escuela, la administración, las calles, los medios de comunicación y en la sociedad en general», dice el comunicado.

La organización también ha querido mostrar su apoyo a la huelga de alumnos no universitarios convocada para este jueves desde el Sindicato de Estudiantes, por motivos similares a los descritos, así como a la manifestación prevista este domingo por Acció Cultural del País Valencià para conmemorar el 25 de abril.