El polvorín de la Justicia sigue dejando disfunciones en el sistema que acaban pagando los de siempre: los ciudadanos. Letrados de la administración de la justicia, fiscales, jueces y ahora funcionarios han convertido los últimos meses en un auténtico pulso al Gobierno con sus reivindicaciones. La última, la de los funcionarios judiciales, arroja ya en la Comunitat una considerable factura que redunda en el atasco de los juzgados valencianos: más de 20.000 demandas pendientes de registrar y unos 7.000 juicios que han dejado de celebrarse.
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Así lo ha señalado el comité de huelga de los sindicatos que han convocado la protesta en la Comunitat (CC.OO., STAJ, CSIF y UGT). No son los únicos efectos de la huelga que ya cumple un mes en la región. Los paros de los trabajadores judiciales también han supuesto que se paralice la realización de más de 1.500 desahucios y embargos.
Los juzgados están notando igualmente como se ralentiza o incluso se paraliza su actividad diaria. Hasta 1.200 declaraciones de diversas causas penales y civiles han quedado pendientes de su realización. En el día a día de los tribunales, la huelga también ha supuesto que no se lleven a cabo más de 5.000 actos de comunicación y que se hayan anulado medio millar de videoconferencias, «además de decenas de miles de actuaciones de trámite diarias», como detallan desde el comité de huelga en la Comunitat.
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El conflicto de los funcionarios judiciales con el Ministerio de Justicia radica en la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). Su implantación, según los sindicatos, «pone en riesgo la seguridad de los destinos, las retribuciones y las condiciones de trabajo de todo el personal de Justicia».
«No vamos a parar de reclamar la adecuación salarial de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de protestar contra el trato discriminatorio y clasista establecido por el Ministerio de Justicia», lamentan.
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Un Ministerio «chulesco y clasista»
Los funcionarios aseguran que han mantenido durante este mes «reuniones con los decanos de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, a fin de evitar en la medida de lo posible los daños que se produzcan por el mantenimiento de la huelga».
El comité de huelga es rotundo: «Este es el resultado de una huelga que nos vemos obligados a mantener en el tiempo, con distintas fases de intensidad, produciendo lamentablemente consecuencia indeseadas para todos, tanto para los funcionarios, como para los profesionales, como para la ciudadanía, por la cerrazón y actitud chulesca y clasista del Ministerio de Justicia, que no sólo nos ignora, sino que además nos ningunea y discrimina».
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