La huelga en la oposición de profesores sigue en pie tras una primera reunión sin acuerdo

En la reunión han participado los miembros del comité de huelga, impulsada por los sindicatos STEPV (mayoritario en la enseñanza pública) y Consejo Sindical Obrero (CSO) y el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, que a través de un comunicado ha indicado que la administración quiere «llegar a un acuerdo que evite que más de 18.000 opositores se vean afectados y se ponga en riesgo la celebración de esta segunda fase».

Los miembros de los tribunales son docentes funcionarios que se eligen por sorteo (en la inmensa mayoría de los casos) y se encargan de las tareas de corrección y evaluación de los diferentes ejercicios. Perciben una gratificación extraordinaria por conceptos como desplazamientos, hospedaje, restauración y, aquí está el quid de la cuestión, por la asistencia a los tribunales, que tienen su sede en los centros donde se realizan las pruebas.

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El conflicto se deriva de cómo aplica la Conselleria de Educación el decreto sobre indemnizaciones y gratificaciones para los funcionarios, que ya llevó a la práctica en las oposiciones del año pasado (de maestros). Los sindicados convocantes denuncian que implica que no se puedan cobrar las asistencias tras el final del curso, a partir del 19 de junio, como sí sucedía hasta 2023 de manera habitual.

Por su parte, la administración defiende que estos órganos deben reunirse obligatoriamente en horario de mañana (que será el generalizado de los docentes una vez acabadas las clases) y que estas tareas de evaluación quedan cubiertas con su salario mensual ordinario. Y sólo en caso de que se acredite la necesidad de realizar sesiones vespertinas se abonará la gratificación extraordinaria (90 euros por día para los cargos de presidente y secretario y 78,5 para los vocales). Es decir, si el tribunal llama a sus integrantes durante la mañana y con esas siete horas de trabajo no se puede sacar adelante la faena, se tiene que justificar la programación de más horas por la tarde, otorgándose la asignación añadida cuando las sesiones tengan lugar fuera de su horario normal de trabajo. También se defiende que el ingreso medio de un miembro de tribunal se ha ido incrementando en los últimos procesos hasta llegar a cerca de 3.000 euros en el celebrado el año pasado, en el que ya se aplicó el polémico criterio, frente a los 2.552 de la de 2022. Dicho de otro modo, considera que la cifra pone de relieve que no se produce una pérdida económica.

La pasada semana, preguntado por la cuestión, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, se mostró muy crítico con la postura de los sindicatos, a los que tildó de «insolidarios» con los aspirantes que llevan meses preparándose, y garantizó que las pruebas se celebrarán con normalidad. Queda saber cómo. La salida más sencilla sería llegar a un acuerdo en la próxima reunión, aunque en caso contrario la administración podría explorar otras alternativas. Desde cambiar la fecha del segundo ejercicio hasta fijar unos servicios mínimos que obligaran a asistir a los miembros suficientes para permitir la organización de la prueba.