Huelgas y protestas universitarias contra las políticas del ministro Castells

El estudiantado universitario ha impulsado una jornada de protestas a nivel estatal contra las últimas leyes impulsadas por el ministerio que dirige Manuel Castells. Será el próximo día 18 y en la Comunitat se concretará en una concentración de varias horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno de Valencia y en la convocatoria de un paro académico, el equivalente al derecho a huelga los alumnos, que afectará al menos a dos de las instituciones públicas valencianas: la Politècnica y la Jaume I de Castellón.

Las críticas del estudiantado se dirigen hacia la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), y las protestas han sido impulsadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, que es la principal organización de alumnos a nivel estatal. También las convocan Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento.

En cuanto a la futura ley orgánica, denuncian que no servirá para mejorar la participación del colectivo en los órganos de gobierno, y reclaman que su representación sea de al menos un 30% de los miembros o que las elecciones a rector o decano sean por sufragio universal, sin aplicarse ponderaciones.

También critican que no garantice el acceso a la educación superior -solicitan que las tasas sean gratuitas al menos en el primer curso o que las becas no incluyan requisitos de rendimiento académico- y reclaman mejoras en términos de docencia como una evaluación continua «real», formación en determinadas metodologías como requisito o una mayor regulación de las prácticas externas. Sin olvidar la eliminación de la tasa de reposición para facilitar la carrera del profesorado y evitar la temporalidad.

En relación a la Ley de Convivencia, que ya ha iniciado su trámite parlamentario, la crítica se fundamenta en que una enmienda presentada por el PSOE, Podemos y ERC ha servido para modificar una previsión que inicialmente había sido pactada entre los estudiantes y la Conferencia de Rectores (CRUE), de manera que a la hora de resolver determinados conflictos se priorizaran mecanismos de mediación frente a los expedientes sancionadores. Con el cambio se dejará a decisión de cada universidad, por lo que los estudiantes consideran que se pierde la opción de disponer de un marco común en todo el territorio.

La protesta de Valencia contará con representación de todas las universidades públicas. Aunque ha sido convocada por las delegaciones de alumnos de la Politècnica, la Jaume I y la Miguel Hernández, está previsto que también acudan alumnos de la Universitat de València a título individual. Fuentes de la Asamblea General de Estudiantes explicaron que aunque secundan las críticas contras las normativas estatales se ha optado por no convocar al coincidir la jornada con las elecciones a claustro, juntas de departamento y asambleas de representantes de las facultades, con la idea de no restar participación. Por el mismo motivo se ha preferido no impulsar un paro académico.

En cuanto a la Universidad de Alicante, desde la Delegación de Estudiantes señalaron que darán difusión a la protesta y que participarán algunos miembros, aunque todavía no se ha decidido si se organizará algún viaje para facilitar los desplazamientos.

«Merecemos que la LCU dote de protección, reconocimiento de derechos y garantías para el estudiantado», reza el manifiesto que convoca la concentración. También se aboga por una universidad «autónoma, libre de influencias del sector privado», en referencia a «los nuevos poderes» que la LOSU prevé otorgar a los Consejos Sociales.