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La Iglesia valenciana ha salido en defensa de la asignatura de Religión tras las críticas del secretario autonómico, Miguel Soler, quien en un vídeo en apoyo de la Lomloe dijo que la materia se estaba eligiendo en Bachillerato para subir la nota de acceso a la universidad al contar en el expediente, justificando así la necesidad de cambiar la regulación actual con la reforma.
Soler también cuestionaba el nivel de exigencia, decía que la existencia de cuotas contribuye a seleccionar alumnado, defendía que la Lomloe servirá para evitar guetos y ponía en valor la protección del castellano. Todos estos aspectos tienen su réplica en una misiva titulada 'Sin acritud y con verdad' que se publicará en 'Paraula', el periódico del Arzobispado. Lo llamativo es que está firmada por los obispos de las tres diócesis: Casimiro López (Segorbe-Castellón), Jesús Murgui (Orihuela-Alicante) y Antonio Cañizares (Valencia).
Respecto a la Religión, reconocen que Soler debe defender al Gobierno, pero piden que lo haga «con justicia y verdad, sin falsear y manipular datos y sin ofender gravemente a los ciudadanos». «Produce indignación ver cómo se puede mentir, cómo ha desacreditado y calumniado a los profesores de Religión y desvalorizado su gran labor en favor de la sociedad», dice la carta. «No digamos nada de cómo tilda, en el fondo, de presuntos egoístas a los alumnos que la eligen libremente en Bachillerato. Es intolerable el desprecio que muestra a esta enseñanza. Le quita toda la importancia que tiene en la educación de la persona y para el bien común, también para la universidad y su quehacer», continúa.
Además se critica la afirmación de que son muchos más los estudiantes que la escogen en detrimento de otras materias «básicas» para su futuro -«¿qué es lo básico para ser persona?», se preguntan los obispos-; y respecto a la afirmación de que es fácil sacar sobresaliente, cuestionan que Soler esté «en condiciones objetivas de verdad para juzgar esfuerzos y calificaciones». En resumen, sobre la idea central del secretario autonómico (tener ventaja frente a otros al subir la nota media), zanjan diciendo que es una «difamación sin base».
La misiva defiende que los centros confesionales y la propia materia fomentan valores de caridad, no exclusión y esperanza, antes de apostar por un pacto y «evitar una guerra escolar que sería una contradicción con y para la escuela misma».
No falta una defensa férrea de la libertad de enseñanza, recordándole que hay jurisprudencia, y se cuestiona el ejemplo de los guetos en relación a la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas: «No hable de guetos, eso no existe en la enseñanza concertada, y si existe en algún centro, aplique la ley y sancione, pero no esparza acusaciones falsas». Y respecto a la selección del estudiantado, niega que se haga «directa o indirectamente» al cumplir «de manera implacable» la normativa del Consell, aludiendo también al «compromiso con los desfavorecidos» de los colegios diocesanos. «No podemos permitir la más mínima sombra al respecto, sería una injuria», sentencian.
También aluden a la elección de centro -«para que exista deben promoverse las condiciones para que la libertad de enseñanza sea real y efectiva», ayudando a los centros autorizados- y a la demanda social -«los responsables de los hijos son los padres, no el Estado»-. También dicen que debilitar la opción de escoger afectará a las familias con menor poder adquisitivo, abocadas «forzosamente» a la escuela pública. Y respecto al castellano, recuerdan que «ha de ser obligatoriamente lengua vehicular en la enseñanza, se quiera o no».
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