Igualdad incumple la norma de vigilar los centros de menores de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Igualdad defiende la gestión de estos centros y señala que es muy complicado controlar las fugas en instalaciones que son abiertas. Pero este hecho no deja de arrojar sombras sobre una gestión que durante los últimos años ha tenido varias polémicas. No hay que olvidar el caso de Dénia del pasado año donde la Fiscalía hablaba de un alto porcentaje de absentismo, de fugas, de conductas disruptivas y de consumo de tóxicos.

Una de las armas que tiene la administración para controlar el funcionamiento de estos centros, que en su mayor parte son privados o concertados, son las inspecciones. Y en este campo las cosas también dejan mucho que desear.

La ley es muy clara. El artículo 139, punto 7 de la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia señala que: «A fin de garantizar que el funcionamiento de las residencias y hogares de acogimiento promueve el pleno disfrute de los derechos de las personas protegidas, el órgano de la Generalitat competente para adoptar medidas de protección los supervisará, al menos semestralmente, y siempre que así lo exijan las circunstancias, sin perjuicio de la superior vigilancia del ministerio fiscal y de las funciones que corresponden a la inspección de servicios sociales». Es decir, cada seis meses al menos tendrían que ser inspeccionados por personal de la conselleria. Nada más lejos de la realidad. Las inspecciones son mínimas y la Conselleria de Igualdad incumple la obligación legal como acredita la documentación, que procede del propio departamento de Aitana Mas, a la que ha tenido acceso este periódico.

Desde 2015, año en que comenzó la gestión del Botánico, se han realizado 170 inspecciones a 113 centros de acogida y de recepción en la Comunitat Valenciana. Es decir, 1,5 visitas de media a cada una de las entidades en ocho años. Según el articulado de la ley, tendrían que haberse realizado 1.808 inspecciones, más de diez veces más de las que efectivamente se han realizado.

Los cálculos pueden aún ser peores si se atiende a que el Síndic de Greuges hizo la recomendación de inspeccionar estos centros al menos una vez cada tres meses, un consejo que Igualdad aceptó.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Las Provincias, hay centros, como el de acogida de menores de Campanar que ha recibido cinco veces las visitas de los inspectores durante estos últimos ocho años. Es el récord. Incluso en 2022 cumplió la ratio de dos visitas al año. Pero es la excepción. Una gran parte de estas instalaciones tienen suerte si el personal de la conselleria se ha dejado ver más de una vez durante estos ocho años.

Es el caso del centro de acogida de menores 'La Casa de las Andorinas' que sólo en 2019 recibió la visita de los inspectores. O el de Alicante I (antes Venecia IV) que recibió al personal de la conselleria una vez en este periodo y que fue en 2021.

En una situación similar se encuentran el 'Angelina Abad Cantavella' (antes Villarreal), o el Ausiàs March I, II y III o el Atalaya o el Baix Vinalopó… La lista sería casi interminable.

Pero la escasez de inspectores es palmaria pese a que el número de visitas se ha multiplicado por cinco desde 2016, según recuerdan desde la Conselleria de Igualdad. Los inspectores también se han incrementado. Han pasado de nueve a casi 40. Pero ni aún así es suficiente para cubrir las ratios.

Y no es fácil llegar a los datos. Ni siquiera el Síndic de Greuges lo tiene fácil investigar ante la opacidad que demuestra la Conselleria de Igualdad en todo lo que se refiere a los centros de menores.

Las discrepancias entre la Sindicatura de Greuges y la Conselleria de Igualdad se remontan a cuando Mónica Oltra estaba al frente de este departamento y han generado fuertes tensiones entre las dos instituciones que Aitana Mas ha tratado de templar. Aún así la colaboración no es estrecha.

Igualdad tiene varios frentes abiertos con el Síndic y el de los menores es uno de los más espinosos. Hace un par de semanas el departamento del socialista Ángel Luna publicó una resolución en la que advertía de la asfixia que la conselleria estaba sometiendo a estos centros.

En este sentido, la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Elena Bastidas, denunció la falta de transparencia de la Conselleria de Igualdad en un tema tan sensible como el de los menores. «Conseguir información es muy difícil», precisó la parlamentaria popular y criticó las escasas inspecciones que realiza el departamento de Aitana Mas pese a las promesas de incrementarlas. «No entiendo cómo puede comprometerse a algo la conselleria si no cuenta con el personal suficiente», precisó la diputada popular.