Las imprecisiones de la conselleria de Oltra frenan el nuevo modelo de atención en 13 centros de menores

Este es uno de los grandes contratos de la conselleria de Políticas Inclusivas. La licitación supera los 56,5 millones y se tramitó por vía de urgencia porque la situación así lo requería. Las instalaciones y el personal se encuentra desbordado. El expediente de contratación se aprobó el 13 de julio de 2021 para tramitarlo con la máxima celeridad para que estuviera listo para el inicio de 2021, pero días antes de Navidad la conselleria de Políticas Inclusivas emitió la orden de desestimiento ante la catarata de consultas de las empresas interesadas, lo que dio las pistas necesarias para comprobar que los pliegos estaban plagados de imprecisiones.

«Durante la fase de tramitación inicial de la licitación, y encontrándose esta en fase de presentación de ofertas, como consecuencia de las numerosas consultas recibidas, se detectan imprecisiones en los pliegos derivadas de los elementos utilizados por esta administración para el cálculo del presupuesto del contrato relativos a los conceptos salariales», señala el informe firmado por el subsecretario de la conselleria de Políticas Inclusivas, Daniel Mestre, el 13 de diciembre. Estas imprecisiones, como reconoce la conselleria, lleva a las empresas interesadas a no poder calcular los costes que deberían asumir si son adjudicatarios de algunos de los lotes.

Estas variaciones implica que haya que modificar el presupuesto de licitación, que todo apunta que será superior a los 56,5 millones de euros del pliego inicial. La prestación del servicio era para cuatro anualidades, de 2021 a 2024.

La tramitación de este concurso era urgente para dar un servicio que la propia conselleria de Oltra admitía que no se hacía con todas las garantías necesarias: hay una situación crítica en la prestación de la atención, existe la necesidad de implantar un nuevo modelo en las residencias y prevalece la obligación de dotar de los recursos suficientes «a un sistema de protección que se encuentra desbordado ante el aumento desmesurado de niños y adolescentes –muchos menores de edad no acompañados–, lo cual provoca que no se cuenten con plazas suficientes y adecuadas para ellos».

Los 13 centros que se iban a beneficiar de esta adjudicación para los próximos cuatro años eran San Sebastián, San Gabriel, La Torre, Elena Just, Mislata I, Mislata II, Plana Baixa, Plana Alta, Baix Maestrat, Baix Vinalopó, Xiquets, Campanar, Llauradors I y Lauradors II. Algunos lotes, como el del centro de menores de La Torre tenía un presupuesto muy alto con más de 11 millones de euros a repartir entre las cuatro anualidades.

El pliego se publicó en la plataforma de contratación del Estado el 28 de julio y el 15 de agosto ya se tuvo que colgar en la web una primera rectificación. Hubo que ampliar el plazo para presentar las ofertas. La presidenta de la mesa de contratación es la subdirectora general de la Infancia y Adolescencia, María José Cervera.

Los actuales contratos, incluidas las prórrogas, ya han finalizado o se encuentran próximos a finalizar. La conselleria además apunta en la justificación de la urgencia del concurso que el fin público que se satisface con estas prestaciones no es susceptible de aplazamiento o suspensión, «sino que es un deber público que por su naturaleza precisa una continuidad, sin excepciones de ningún tipo».

La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no dispone de medios materiales y personales suficientes para llevar a cabo el servicio, por lo que propuso acelerar un concurso que en estos momentos se ha quedado colgado a la espera de que se pueda iniciar un nuevo expediente para resolver el problema.

Al concurso para prestar el servicio en las 13 residencias de menores se presentaron siete empresas a varios de los lotes, aunque sólo tres lograron pasar el corte final por los requisitos que se pedían en la licitación.

Fundación Diagrama, Asociación para la Gestión de la Integración Social y Fundación Salud y Comunidad son las tres que presentaron la documentación en regla, según consta en el informe del expediente firmado por la mesa de contratación.

El resto, Castell Cooperativa Valenciana, Comunidad Residencia Comarcal Xiques, El Castillo y Fundación Amigó quedaron admitidas provisionalmente pero sólo pasarían el corte si subsanaban la documentación aportada. Esta decisión se adoptó el 26 de octubre.

Ninguna de las empresas que se presentó optaba a todos los lotes, por lo que se corría el riesgo de que alguno quedara desierto si las firmas admitidas provisionalmente no presentaban la documentación en regla.

Las empresas plantean tantas dudas y cuestiones que no están resueltas a la conselleria que esta tiene que optar por desistir del concurso cerrarlo y empezar de nuevo, sin que todavía se hay colgado otro proceso en la plataforma de contratación de Estado.

La propia conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asegura que los licitadores tienen dificultades para estimar la estimación de los costes que tienen que asumir para llevar a cabo la ejecución del contrato, por lo que ven comprometida la viabilidad económica y material del servicio a contratar.