UGT impugna las elecciones sindicales de una de las empresas de la adjudicataria de las ambulancias de Sanidad

UGT Serveis Públics PV ha impugnado las elecciones sindicales de la empresa de ambulancias CSA, empresa de Castellón integrante en la UTE del transporte sanitario contratada por la Conselleria de Sanidad y que aspira a la futura licitación. El sindicato acusa a la empresa de «obstaculizar el voto de los trabajadores».

Además, UGT estudia denunciar el acuerdo de la mesa electoral así como «la inacción de la empresa CSA ante la Fiscalía de Prevención de Riesgos Laborales ya que está exponiendo a un riesgo innecesario a más de 200 trabajadores que deben desplazarse desde largas distancias, en horario laboral, y en algunos casos, después de jornadas de 12 horas de varios días».

«Queremos que se investigue de oficio si se ha vulnerado el derecho a la salud y la Prevención de Riesgos Laborales de la plantilla y se pidan responsabilidades a quienes hayan intervenido por acción u omisión en esta lamentable decisión», ha indicado Pepe Berenguer, responsable sindical.

UGT dará traslado de esta denuncia a la Conselleria de Sanidad en su calidad de prestataria del servicio y garante de la normativa de aplicación. El sindicato ha remitido también un escrito al Servicio de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias «con el fin de que el servicio a la ciudadanía no se vea afectado y, además, se constate las formas de actuar de esta empresa», señalan.

Respecto a la impugnación de las elecciones sindicales, UGT Serveis Públics denuncia que la empresa «ha impedido la constitución de una mesa itinerante para facilitar el voto del personal. En anteriores procesos, esta mesa sí se había constituido».

«Recientemente, la empresa se ha postulado para concursar en la próxima licitación bajo el argumento de que atesora años de experiencia sin especificar en qué aspectos», señalan desde el sindicato. UGT pide que la Conselleria de Sanidad tome nota de la situación denunciada porque «este es un caso más, no el único, de la forma de actuar de esta empresa».

Desde UGT se recuerda que la ley de contratos, entre otras cuestiones, habla de integridad de las empresas, por lo que «actuaciones de este tipo salpican, en definitiva, a la prestataria del servicio, es decir, a la propia Generalitat».

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