Imputados cuatro trabajadores de la funeraria investigada por lucrarse con cadáveres donados a la ciencia

El juez instructor ha dictado sendos autos de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento y constituye el paso previo para sentarse en el banquillo, contra dos empleados y dos responsables de la mercantil. Sigue así el criterio marcado el pasado verano por la Audiencia de Valencia, después de que el juzgado hubiera dejado fuera a los dos últimos en el marco de las dos causas que se investigaban: una por las supuestas irregularidades detectadas en relación a un cadáver y otra por las relacionadas con los cuerpos de otros siete difuntos.

En el primero, según el TSJCV, hay indicios que apuntan a que los investigados se confabularon para falsificar un documento donde se hacía constar erróneamente que un ciudadano francés fallecido había donado su cuerpo a la ciencia.

Dos de los imputados habían recogido el cadáver en diciembre de 2022 de la morgue del Hospital La Fe de Valencia, llevándolo después a la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, según se recoge en el auto judicial fechado el pasado 22 de septiembre, en otro documento figuraba un nombre falso para ocultar la identidad real del empleado -uno de los investigados- de la funeraria que había acudido a la recogida.

Esa documentación fue entregada tanto al Hospital La Fe como al Registro Civil de Valencia «con la intención de lograr un posterior beneficio económico por la gestión de servicios funerarios», añade el magistrado instructor, pues la empresa elaboró una factura de 1.331 euros en enero de 2023 que, sin embargo, fue anulada en mayo de ese mismo año.

La segunda de las causas tiene que ver con los trámites realizados por la misma funeraria con respecto a los cadáveres de otras siete personas fallecidas entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. El juez entiende que existen «serias dudas» sobre «la realidad de los documentos de donación» de los cuerpos a la ciencia, así como indicios de que fueron incinerados de forma fraudulenta, pues tras ser utilizados para labores docentes o de investigación, se introducían supuestamente varios de ellos en un mismo féretro pese a que después se facturaban por separado.

En la causa constan nueve facturas por incineración de cadáveres por un importe total de 4.500 euros girados a la citada universidad sin que conste que «fuera llevada a cabo (la incineración) en ningún crematorio de Valencia, siendo los restos mortales incinerados junto a otros distintos», apunta el instructor. También constan sendas facturas emitidas a la Facultad de Medicina de la Universitat de València por valor de 540 euros por los trámites funerarios de otros dos casos. «Sin que (la cremación) se llevara a cabo y fuera, en todo caso, al mismo tiempo que otro féretro, para ahorrarse los gastos y facturar los servicios en una cantidad económica para enriquecerse», según se puede leer en el auto. Esta práctica la vincula el juez en base al reconocimiento de los hechos de uno de los encausados.

El juez habla de «una trama de enriquecimiento injusto a costa de la Universidad CEU y la Facultad de Medicina de Valencia, de una manera un tanto penosa, al tratarse de actividades sobre cadáveres», pues pese a tener la consideración de «objeto» en derecho no puede obviarse que son «restos humanos, de personas que han fallecido, a los cuales se les debe tener cierto respeto y consideración».

En conclusión, el magistrado concluye que la «trama urdida» por los cuatro investigados presuntamente simuló, inventó o falseó la donación de cuerpos a la ciencia «con el fin de emitir un gasto por los servicios funerarios que de otra manera no hubieran conseguido».

Los dos autos de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado concluyen la fase de instrucción y emplazan a la Fiscalía y las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Ambas resoluciones pueden ser recurridas en reforma (ante el propio Juzgado de Instrucción 1 de Valencia) y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial.