La incompatibilidad de programas entre la sanidad pública y privada provoca que no se puedan ver muchas pruebas diagnósticas

Se trata de una circunstancia que ocurre muy frecuentemente, sobre todo en centros de especialidades públicos y en hospitales de la Comunitat. Los casos más frecuentes son los que afectan a resonancias magnéticas, radiografías, TACs, ecografías o biopsias fundamentalmente. Se trata de pruebas que tienen una lista de espera en los centros públicos de varios meses, en torno a medio año en muchos casos no urgentes y para no esperar tanto, el paciente decide hacerse la prueba en una clínica privada. Sin saber que luego le va a ocasionar quebraderos de cabeza que su médico de la sanidad pública pueda valorar esa prueba. Esto se suma a que tampoco se puede tener acceso a la historia clínica de un paciente desde el sector privado al público.

La Conselleria de Sanidad es consciente del problema y está trabajando para encontrar una solución, para buscar fórmulas para compartir los resultados de esas pruebas diagnósticas. El conseller, Marciano Gómez, ya ha mantenido reuniones con hospitales privados para abordar la cuestión, una situación, como recalca Sanidad, que ya ocurría con el anterior gobierno del Botánico, que no logró solucionar. Desde Sanidad se dio la opción desde el año pasado, y la actual conselleria ha aumentado el presupuesto para ello, de hacer derivaciones a la privada para rebajar las listas de espera.

Ante el colapso y la falta de personal, ofrecen al paciente que, sin coste para él, se haga la prueba en un centro externo. Normalmente los centros privados que forman parte de este programa sí cuentan con un sistema compatible de lectura de las pruebas, aunque en algunas ocasiones también generan problemas. La incompatibilidad es fundamentalmente con clínicas a las que va el paciente por su cuenta y algunas mutuas, que no utilizan el formato DICOM de la conselleria.

El presidente de CSIF Sanidad en la provincia de Valencia, Fernando García, lo ha vivido de primera mano tanto como médico como también de paciente. «Hay formatos que no son compatibles, en la privada se da una prueba diagnóstica en un CD o un pen drive, que genera problemas porque no tiene el mismo formato que el que usa la conselleria y el médico especialista de la pública no lo puede leer. Así que el paciente tiene que pedir expresamente que se pase a otro formato, y eso genera un retraso en la atención», explica.

También Alejandro Calvente, presidente del Sindicato Médico Cesm en la Comunitat, ve habitualmente esta circunstancia. «Las pruebas de imagen a veces se dan en CD y no se pueden leer al ser incompatible cada sistema informático. El sowftware es distinto a la conselleria y cuando no coincide y el médico no puede valorarlo, provoca una pérdida de tiempo al paciente, que tiene que molestarse en conseguir otro formato«, señala.

Un problema en el que profundiza María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC): «Los sistemas informáticos no son interoperables, con lo cual muchas veces se utiliza, vulnerando la legalidad, al paciente como mensajero, y tiene que llevar en mano el disco con las imágenes de un hospital a otro para que la resonancia pueda ser vista».

Aunque hay algún proyecto en marcha a nivel europeo para homogeneizar los sistemas informáticos para que las historias clínicas se puedan compartir, por el momento falta mucho por avanzar en ese sentido. «Hay implantados diferentes sistemas, y toda esa información, volcarla supone a veces una tarea difícil, es lento. Sería ideal homogeneizarlo, pero cada plataforma informática es de una marca. En los hospitales públicos el paciente tiene que ir con un CD de su clínica y que los informáticos lo solucionen para que se pueda ver, pero muchas veces no pueden y el paciente tiene que volver a la privada para que le cambien el formato», añade Calvente. «Hay poca homogeneidad en los soportes, cada uno trabaja de una manera. Si un paciente tiene que volver con los datos, solicitar otro soporte que se pueda leer, pedir cita de nuevo, todo ese proceso a veces se ralentiza y es algo que pasa habitualmente», expresa el presidente de Cesm.

Para García «falta coordinación pública» para adaptar los sistemas y que se puedan leer. «Ahora si el radiólogo no puede leerlo porque no es el formato correcto, su secretaria habla con la secretaria de la clínica privada, el paciente se tiene que desplazar y se pierde tiempo para que comience el tratamiento médico», critica el dirigente de CSIF. «Se generan demoras innecesarias que se podrían evitar y solucionar y esos retrasos pueden ser de 10 días o de dos meses, en función de la especialidad, para tener otra cita con el especialista en la pública para valorar la prueba que le han hecho», apunta.