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Familiares de dependientes se concentran para reclamar las ayudas. Manuel Molines
El incremento de peticiones estanca la resolución de expedientes sobre dependencia en la Comunitat Valenciana

El incremento de peticiones estanca la resolución de expedientes sobre dependencia en la Comunitat Valenciana

En los siete primeros meses de 2016 se redujo la lista de espera en 10.000 solicitantes mientras que este año la cifra ha caído a 1.500

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 17 de agosto 2017, 20:45

El aluvión de peticiones para ver reconocida la situación de dependencia se ha disparado en los siete primeros meses del año al tiempo que se ha ralentizado la resolución de los expedientes.

Entre enero y agosto la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y según los datos de la propia administración autonómica, sólo ha reducido la lista de espera en apenas 1.500 solicitudes frente a las más de 10.000 del mismo periodo del año anterior.

Estas cifras suponen que entre enero y agosto del año pasado la reducción de la lista de espera fue de un 23% mientras que en los primeros siete meses de 2017 el ritmo de resolución de expedientes ha caído drásticamente hasta un 4,8%.

De esta forma, el aluvión de peticiones que se han presentado desde enero ha estancado la resolución de las peticiones. Hay que tener en cuenta que entre enero y agosto de 2016 las solicitudes presentadas fueron 3.976, una cifra que prácticamente se ha triplicado en el mismo periodo de 2017 con 13.630 nuevos expedientes.

La lista de espera sólo se ha reducido un 4,8% en los primeros siete meses del año

En cualquier caso, la lista de espera se ha reducido en los últimos doce meses en cerca de 7.000 expedientes. Aún así esta sigue siendo demasiado elevada. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Igualdad todavía hay cerca de 28.000 peticiones sin resolver.

Otro dato que apuntala la ralentización de la solución de los expedientes es que el número de beneficiarios de las ayudas a la dependencia han pasado de 54.173 en el mes de enero de este año a 58.219 en agosto. En cambio, el incremento fue mucho más significativo el ejercicio anterior al pasar de 44.423 personas que perciben ayudas a 50.328.

El 27,3% de los beneficiarios han sido calificados de Grado 1, el nivel más bajo de dependencia, el 40,26% (23.428) es de Grado 2 y 18.879 (el 32,4%) son del Grado 3.

Sigue la lista de espera

De esta forma, la Conselleria de Igualdad, al menos en estos dos primeros años de legislatura, no ha conseguido reducir la enorme lista de espera en el ámbito de la dependencia al ritmo al que se había comprometido a su llegada al gobierno.

Durante los dos primeros años al frente del Consell y ya en el ecuador de la legislatura, el departamento que dirige Mónica Oltra ha conseguido reducir la lista de espera en 18.500 expedientes.

Al ritmo al que está actuando la Conselleria de Igualdad dejaría al finalizar la legislatura en 2019 cerca de 16.000 expedientes sin resolver, una cifra alejada de los objetivos que se marcó la vicepresidenta Mónica Oltra al acceder al gobierno en el verano de 2015.

El 58% de las solicitudes pendientes de resolver se concentran en la provincia de Valencia

La gran mayoría de las peticiones pendientes de resolución hasta el 1 de agosto se localizan en la provincia de Valencia (16.229), según los datos publicados por la Conselleria de Igualdad.

Le sigue la provincia de Alicante, con 8.845 expedientes en lista de espera, mientras que en la de Castellón las solicitudes sin resolver son 2.831.

Para variar la tendencia e incrementar la resolución de expedientes la Conselleria modificó el sistema el pasado mes de junio. Con un decreto reguló la red pública de valoraciones que, además de los servicios generales municipales, incorporaba otros puntos, como las residencias públicas, los hospitales de media y larga estancia, las unidades de salud mental y las prisiones, siempre y cuando cuenten con personal con titulación social o sanitaria que posea la acreditación necesaria para hacerlo.

Con este cambio se ha pasado de los 17 técnicos que realizaban las valoraciones hasta ahora (diez en Valencia, dos en Castellón y cinco en Alicante) a más de 250 especialistas.

Aluvión de quejas antes el Síndic de Greuges por los retrasos en los dictámenes

El Síndic de Greuges ha emitido en la primera semana de agosto trece recomendaciones sobre diversos temas. Sólo las que se refieren a demoras en resolución de expedientes sobre la dependencia suman siete, el 53% de las decisiones tomadas por esta magistratura.

Si contabilizamos las quejas resueltas por esta institución en el mes de julio las que se refieren a la dependencia suman 43 sobre un total de 110 resoluciones. Sin duda, se trata de uno de los temas que más tiempo ocupa a la institución.

Aunque las circunstancias suelen cambiar, en la mayor parte de los casos las denuncias presentadas resaltan que se producen retrasos superiores a los seis meses, el plazo límite que establece la ley para este tipo de solicitudes.

Las resoluciones que el Síndic remite a la Conselleria de Igualdad señalan que esta no suele informar de que exista algún tipo de causa de las establecidas en la legislación que puedan justificar los retrasos en los expedientes.

En opinión de la institución, el retraso se puede atribuir a la «pasividad o inacción de los órganos encargados en la tramitación del expediente».

Además, el defensor del pueblo valenciano ha recordado en numerosas ocasiones a la Conselleria que dirige Mónica Oltra que está incumpliendo la obligación legal de resolver el expediente antes de que se cumplan 6 meses. También ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a que consigne las dotaciones presupuestarias necesarias para hacer efectivo el derecho a la percepción de las prestaciones por dependencia en el plazo legalmente establecido.

Además, el Síndic de Greuges de la Comunitat ha recordado en prácticamente todas las resoluciones relacionadas con la ley de dependencia la obligación legal que tiene de resolver en plazo ante la situación de desamparo legal en el que queda el peticionario al ver conculcado uno de sus derechos reconocidos.

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