El independentismo extiende a la Comunitat los ataques vandálicos contra la Justicia

Los independentistas catalanes han vuelto a poner su punto de mira en la Comunitat. Los llamados Comités de Defensa de la República (CDR)han atacado los juzgados de Vinaròs arrojando excrementos y pintura. La acción tuvo lugar en la madrugada del pasado lunes, cuando integrantes de estos grupos independentistas atacaron las sedes judiciales de una veintena de localidades catalanas. El atentado llegó hasta el municipio del norte de la región. La agresión no se circunscribió a Cataluña y traspasó los límites autonómicos. El Palacio de Justicia del municipio fue blanco de los radicales.

No es la primera vez que la Comunitat sufre los actos vandálicos de grupos independentistas catalanes. A principios de este año la sede de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia sufrió un ataque que vinculó a Arran. Esta misma entidad ya apareció relacionada con los actos vandálicos contra intereses turísticos que se produjeron en Baleares en el verano de 2017.

Según expresaron en su cuenta de Twitter los CDR, el ataque de la madrugada del lunes lleva como lema «mierda de justicia» y «juicio farsa», en una crítica al juicio del 'procés' que se iniciará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo. «No podemos normalizar la situación. Pronto empezará el #juicioFARSA y la sentencia ya está escrita. Quieren encarcelar a todo un pueblo. Ante este atentado contra el estado de derecho, nos mantenemos firmes y movilizadas», explicaron en su cuenta.

El ataque ha suscitado la condena de todos los estamentos judiciales valencianos que se han unido a la repulsa de las asociaciones nacionales. Desde Jueces por la Democracia en la Comunitat, Joaquín Bosch expresó su rechazo a estos actos vandálicos «que intentan presionar al Poder Judicial». Indicó que las resoluciones judiciales pueden ser criticadas «de forma racional» y recalcó que «están fuera de lugar y más cuando se puede expresar abiertamente lo que se piensa».

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Esther Rojo, reclamó respeto a las decisiones judiciales. «Existe una vía para discrepar: el recurso», añadió. Rojo consideró que los jueces tienen que poder actuar sin ningún tipo de presiones.

La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales en la Comunitat, Asunción Cano, también expresó su repulsa por estos hechos. «No se pueden consentir. Son inadmisibles», señaló. Además, se remitió al comunicado que la UPF realizó tras los ataques en Cataluña. «Por mucho que se quiera decir, no se puede actuar de esta forma», indicó.

La portavoz del Sindicato de Letrados Judiciales, Abigail Fernández, expresó su condena a estos hechos. «Lamentamos los ataques. Por un lado, por los usuarios y, por otro, por los trabajadores. Pero no sólo por los empleados judiciales sino por los servicios de limpieza y seguridad», señaló. Fernández añadió que «las cuestiones políticas tienen que tener una solución política».

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial requirió ayer al presidente del TSJ catalán que informe sobre los dispositivos de seguridad en los juzgados. El escrito se produce después de que los Mossos d'Esquadra hayan desplegado unidades para la protección de las distintas sedes. El CGPJ se congratuló de que «se estén adoptando medidas que parecen apuntar en la línea correcta, aunque haya tenido que ser tras múltiples requerimientos y, finalmente, órdenes perentorias».