Independentistas crean una web para controlar la lengua que utiliza el profesorado

La herramienta permite plantear un caso introduciendo los datos personales (que pueden ser ficticios) y señalando la facultad y la titulación, remitiendo al impulsor al procedimiento formal que tiene cada institución en relación a la tramitación de quejas, donde ya se requiere una identificación formal. La entidad pretende además hacer un seguimiento de las denuncias y ofrecer informes periódicos.

En el comunicado difundido Plataforma per la Llengua anima a los estudiantes «a presentar una reclamación cuando alguna asignatura no se imparte en la lengua que consta en el plan docente, cuando hay una falta de oferta de asignaturas en catalán en los grados y másteres y cuando se vulneren los derechos lingüísticos en cualquier otro aspecto».

Es decir, abre la puerta a controlar la lengua que utiliza el docente en clase, si se cambia al castellano en algún momento o durante toda la sesión (por recurrir a varios de los ejemplos incluidos en el vídeo promocional de la campaña), y sirve para señalar a determinadas instituciones o facultades donde prime, como vehicular, el castellano.

La web de la campaña pone algunos ejemplos concretos, diciendo que son reales y los más recurrentes, acompañados de referencias normativas. «Me inscribí en una asignatura que según informaba el plan de estudios se haría en catalán. Pese a ello, el primer día de clase el profesor preguntó si había que darla en castellano y un estudiante lo pidió. Ahora, ninguna asignatura del cuatrimestre se hace en catalán», recoge uno de ellos.

Otros se refieren al derecho a hacer los exámenes en catalán tras ser obligado un alumno a usar el castellano porque el docente era de fuera de Cataluña o, en Baleares, a la necesidad de hacer una exposición en español por indicación de una profesora.

El único ejemplo referido a la Comunitat apunta a la Politècnica de Valencia, donde «no ofrecen prácticamente ninguna asignatura en catalán». Además se señala que el artículo 6 del Estatuto recoge que el valenciano es la lengua oficial -se omite la frase siguiente, «al igual que lo es el castellano»-, y que todo el mundo tiene derecho a recibir enseñanza en esta lengua. El desarrollo de este apartado a través de la Ley de Uso y Enseñanza de 1983 precisa algo más, señalando que «el valenciano y el castellano son lenguas obligatorias en los planes de enseñanza de los niveles no universitarios». Es decir, dejó fuera la educación superior.

La campaña también incluye un manifiesto dirigido a las universidades de las tres autonomías en el que se reclama incrementar el porcentaje de grupos en catalán hasta el 60%, «tendiendo» hacia el 80% en los grados, que se exija un mínimo sobre conocimiento de la lengua en la contratación de personal y que se dote de recursos a los servicios lingüísticos «para solucionar con rapidez los incumplimientos del plan docente, es decir, los casos en los que una asignatura prevista en catalán acaba impartiéndose en castellano o en otra lengua».

Plataforma per la Llengua anima a otras organizaciones a que se sumen a la campaña, en la que ya colaboran el sindicato Ustec-STEs, Forja-Jovent Revolucionari (entidad juvenil de carácter independentista) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La entidad promotora ha impulsado otras iniciativas muy polémicas, como espiar en los patios de determinados colegios para hacer estudios sobre el uso del catalán.