Un informe del Consell ampara que Ribera Salud no avisara de la compra de Dénia

De esta forma, la concesionaria se defiende de las acusaciones de la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien anunció el lunes que la Generalitat «emprenderá las acciones legales oportunas« ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia, ya que se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria de Sanidad. «También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública», añadió Barceló. El Consell, de esta forma, quiere evitar que Ribera Salud concentre toda la gestión del departamento de Dénia, puesto que antes de la adquisición de las acciones de DKV era la empresa minoritaria de la UTE, con el 35% de los valores.

Frente a ello, la empresa entiende que no era necesario informar a Sanidad de forma previa y así lo recoge un informe del propio Gobierno autonómico de hace dos años al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Ahora, los servicios jurídicos de la compañía analizan la situación al detalle y los informes trasladados por la conselleria.

Y no es el único caso que posiblemente acabará en los tribunales. La Conselleria de Sanidad, como ya recogió este diario, remitió un escrito a la UTE Torrevieja Salud (del Grupo Ribera Salud) requiriéndole que denuncie el convenio colectivo que establece subidas salariales de entre el 3 y el 5% para los profesionales del departamento (básicamente, le pide que haga lo posible por anularlo). Sanidad argumenta que estos incrementos en las nóminas producirían «un grave daño a la Administración» y obligaría a incrementar la partida presupuestaria dedicada a los gastos de personal «por encima de lo permitido en la normativa estatal básica». La conselleria explica en la misiva que este convenio sólo lo pueden denunciar las partes (o la empresa o los trabajadores) para evitar que se prorrogue automáticamente año tras año, por lo que amenaza a la compañía en el caso de que no lo haga. «Se considerará a esa empresa responsable directa y única de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que se adoptarán las medidas oportunas para obtener el adecuado resarcimiento».

Sin embargo, y frente a ello, los servicios jurídicos de Ribera Salud tienen serias dudas de que, por un lado, la concesionaria pueda ser forzada a denunciar un convenio acordado con los trabajadores. Ni siquiera están convencidos de que legalmente puedan hacerlo, puesto que dentro de tres semanas ya no serán los gestores del departamento –puesto que pasará a gestión directa de la conselleria el próximo 15 de octubre– mientras que el convenio tiene una vigencia de hasta el 31 de diciembre.