La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acaba de hacer público un informe de expertos encargado por el propio Gobierno autonómico que pone de manifiesto que los órganos judiciales apenas solicitan informes de valoración del riesgo en casos de violencia de género, unos estudios que deben complementar los informes iniciales que elaborar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, durante el pasado año en la Comunitat no se llegó a solicitar ningún informe.
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El estudio apunta que «uno de los motivos de la escasa utilización puede encontrarse en que no se considera necesario porque pueden entender que es suficiente con la valoración del riesgo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad». Añade también que «quizás se trate de un problema de coordinación entre el sistema de valoración inicial y la valoración de la evolución del riesgo».
Ante esta situación, el informe recoge una serie de propuestas entre las que destaca la formación especializada en materia de violencia de género para jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia, u otras medidas más concretas como que el mal uso de los dispositivos de localización de los agresores (por ejemplo, intentar romperlos) a acarree medidas de privación de la libertad, puesto que hasta ahora sólo se imponen multas.
La consellera ha anunciado también que el Consell pretende poner en marcha unidades específicas para la elaboración de estos informes de riesgo en todas las comarcas de la Comunitat.
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