Inician una campaña para prohibir instalaciones de renovables en zonas inundables o con riesgo por escorrentía

La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables ha iniciado una campaña, a la que se han sumado diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, para presentar y aprobar mociones a título municipal que reivindican la derogación del diferente articulado legal que impone la urbanización de territorios hasta ahora considerados no urbanizables en los planes municipales con el fin de poner polígonos de energías renovables.

La moción presentada por los municipios solicita a la Generalitat Valenciana la derogación de los artículos del Decreto Ley 14/2020 referidos a la compatibilidad del suelo no urbanizable protegido con la ubicación de instalaciones fotovoltaicas cuando no estén prohibidos expresamente  en el plan general urbano del municipio, «cosa que no pasa en ninguno de ellos, prácticamente».

También el artículo del Decreto 1/2022 que impiden a los ayuntamientos poder decidir sobre el tipo de proyectos de energías renovables que se pueden instalar en el suelo no urbanizable y minimiza la suspensión de licencia urbanística como una herramienta de ordenación territorial.

Así como el articulado de la Ley 6/2024 referente a la simplificación administrativa, al considerar que termina con la autonomía municipal «forzando a la compatibilidad urbanística general, aumentando la superficie de suelo no urbanizable a ocupar incluyendo el suelo protegido y prohibiendo la suspensión general de tramitación de licencias».

Además, la moción introduce la necesidad de revisar el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana) para adaptarlo a la nueva realidad post-dana y así prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energía en zonas inundables o con generación de riesgos por escorrentía, empezando por revisar aquellos proyectos que estén en tramitación y se sitúan en estas nuevas zonas de riesgo.

Las mociones serán trasladadas por los ayuntamientos a la Generalitat con el fin de «ejercer presión para modificar una regulación abusiva con el territorio y sus gentes, que limita la autonomía municipal contemplada en la Constitución, que está diseñada al servicio de grandes empresas y fondos de inversión, y que permite urbanizar hasta el 10% de la suma de todo el suelo no urbanizable incluyendo el protegido».

Desde la plataforma ciudadana llevan tiempo argumentando que se trata de un fenómeno especulativo amparado en los mal llamados decretos de emergencia climática, que repercute negativamente sobre el medio ambiente y las localidades, puesto que permite la implantación de macroproyectos que depredan los espacios forestales y agrícolas municipales.

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