El inicio de curso le estalla a Rovira

El conseller Rovira defiende su gestión y critica la herencia recibida, mientras la oposición hurga en la herida y familias -por los problemas en las rutas- y docentes -por las adjudicaciones- visibilizan en la calle su creciente malestar.

Por si no tuviera suficientes frentes, Rovira abrió ayer uno más al vincular en À Punt los problemas en el transporte con un conflicto entre empresas: la gallega Monbus y las valencianas, que ganaron los otros cinco lotes de la provincia y perdieron el sexto, que sí gestionaron en el anterior contrato, en favor de la primera. El conseller deslizó que las de la Comunitat habían presionado para que faltaran conductores -apenas hubo profesionales que quisieran subrogarse con la gallega- y dijo además que el otro día uno de sus transportes se incendió en Moixent. No hizo vinculaciones, pero sembró sospechas.

«Sus declaraciones son insidiosas», explicaron ayer fuentes del sector del transporte de viajeros de Valencia. «La administración es la responsable de velar por el cumplimiento del contrato, como le recuerda la última resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales; no puede eludir su responsabilidad sembrando dudas», afirmaron, antes de recordar que el servicio en los otros lotes sí se realiza «sin incidencias». Y sobre la subrogación, «hace suyo el argumento de Monbus sin contrastarlo, cuando la realidad es que los profesionales deciden si aceptarla, y si no lo han hecho es porque conocen el sector, donde hay mucha demanda, y también los antecedentes de Monbus. La realidad es que les faltan vehículos, algo que ya se advirtió a la administración», concluyeron.

Los problemas con el transporte escolar siguieron afectando a los colegios de Valencia por cuarto día consecutivo. Ayer fueron 21 autobuses los que sufrieron algún tipo de incidencia en 14 líneas de diez centros escolares de la provincia. En algunas escuelas han organizado protestas con concentraciones ante la situación, que provoca retrasos y abandonos de los alumnos. Los autobuses pertenecen a la empresa Monbus, que se enfrenta a sanciones económicas.

Los dos centros más afectados fueron el CEE La Encarnación de Torrent y el CEE Carmen Picó de Alzira. Ambos centros de Educación Especial tuvieron problemas en cuatro buses cada uno. En el CEE La Unión de Torrent fueron tres los vehículos con incidencias, igual que en el CEE Ruiz Jiménez de Valencia y en el CEIP Forn d'Alcedo, donde afectaron a dos. Además, tuvieron problemas con un autobús en los centros CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Moncada, CEE Enric Valor del Grau de Gandia, CEIP Mare de Déu de la Vallivana de Picassent, CEIP Benifaraig y el IES 9 d'Octubre de Carlet.

Algunos autobuses no llegaron directamente, dejando sin servicio a los alumnos, y otros tenían la rampa averiada y no estaban adaptados para niños de Educación Especial, que necesitan sillas de ruedas. En cuanto al vehículo de Forn d'Alcedo, al ser demasiado grande no podía circular por la población, por lo que tuvo que ser sustituido, provocando que los alumnos llegaran cuarenta minutos tarde.

La Conselleria de Educación ya está «tramitando el expediente para aplicar las penalidades que correspondan» y que pueden llegar a los dos millones de euros. «Si se diese la imposibilidad de que el adjudicatario ejecutase con todas las garantías la prestación del servicio en los términos pactados, se procederá a la resolución para rescindir el contrato, que tiene unas cláusulas que no vamos a incumplir», detalló la conselleria a través de Jorge Cabo, director general de Centros Docentes.

Pocos días después de aterrizar en el cargo, Rovira anunció un cambio puntual para permitir, este mismo curso y en las zonas castellanoparlantes, reducir el peso del valenciano en favor del español en las asignaturas no lingüísticas. De manera transitoria y hasta que se defina el nuevo modelo popular que sustituirá, en próximos ejercicios, a la actual Ley de Plurilingüismo botánica. Si algún centro o familia confiaba en una tramitación rápida tendrá que esperar, porque como pronto llegará de cara a 2024, con el curso ya mediado.

Así se desprende de las declaraciones realizadas por el conseller durante la entrevista concedida a À Punt, en el sentido de que se introducirá en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024, una especie de caballo de Troya que permite hacer puntualizaciones legislativas por la vía rápida y que entra en vigor el último día del año.

Que el cambio llegue en los próximos meses hace pensar que su efecto será más estético que práctico, pues el ejercicio estará más que avanzado, los materiales didácticos adquiridos en valenciano y la planificación de las escuelas asentada. En cualquier caso, la última palabra será de los consejos escolares de los centros.

A su juicio, no tiene sentido que «a un niño de Requena exento de la asignatura de Valenciano por ley se le obligue a estudiar Historia o Matemáticas en valenciano». «Nadie ha conseguido explicármelo, pero es lo que hacía el Botánico», añadió, aludiendo a los anteriores gestores del PSPV, Compromís y Podemos.

El guiño hacia las zonas castellanoparlantes será sólo el primer paso, que tendrá continuidad con la reforma de la ley heredada, que se ha caracterizado por favorecer la reducción del español como lengua de enseñanza mayoritaria. Sobre la cuestión, Rovira dio alguna pista más recurriendo al mismo ejemplo.

Tras señalar que el cambio será en base a «la libertad de elección de los padres», añadió que el objetivo final «es que un niño de Requena estudie la asignatura de Valenciano y, si él quiere, solo la asignatura de Valenciano, pero es bueno que todos los niños de esta comunidad estudien Valenciano. Y eso lo voy a defender siempre», enfatizó.

No dejar de ser llamativa la idea teniendo en cuenta que el último modelo del PP, que se mantuvo hasta el curso 2016-2017, no era tan restrictivo, pues ya obligaba a incrementar algo más la exposición a la lengua propia, es decir, más allá de la materia lingüística (al menos una asignatura adicional) incluso en zonas castellanoparlantes.

En cualquier caso, habrá que esperar para conocer la concreción del nuevo modelo. Y uno de los interrogantes es saber si se volverá al sistema de doble programa lingüístico en los centros.

El programa informático que se encarga de asignar profesores para cubrir las plazas que están libres en los centros volvió a fallar esta semana, retrasando la asignación de 2.880 puestos pendientes desde el inicio del curso, lo que complica la organización de los centros afectados, pues el resto de profesionales deben coordinarse para cubrir los huecos y atender a todo el alumnado.

El error afectó a la segunda adjudicación continua de septiembre. Son procesos que se realizan durante todo el curso y que se sirven para seleccionar interinos que sustituyan a docentes que causan baja, se jubilan ahora o inician permisos especiales, como pueden ser los de maternidad. La incidencia se pudo resolver ayer, dos días más tarde de lo previsto, y los profesores elegidos se incorporarán hoy a los centros.

El fallo ha sido la gota que ha colmado el vaso, teniendo en cuenta los antecedentes de agosto, cuando las adjudicaciones de inicio de curso, mucho más numerosas (21.000 puestos) también estuvieron afectadas por retrasos en los plazos y correcciones de errores que no se solucionaron hasta el día 23.

El mejor ejemplo del malestar docente son las concentraciones que en los últimos dos días han tenido como escenario la sede de la Conselleria de Educación. Y más teniendo en cuenta que no han sido impulsadas por ninguno de los sindicatos de la red pública, que por su parte sí ofrecieron una posición unitaria, que no suele ser habitual. En un comunicado conjunto pidieron soluciones «urgentes» a los problemas que todavía colean desde verano y mostraron su «descontento» por el «caos» en los procesos de adjudicación. En este sentido, se alertaba de que en la asignación resuelta ayer, la retrasada, también se han detectado fallos.

Otra consecuencia del problema es que provoca un efecto dominó. Este jueves debía haberse cerrado el tercer proceso continuo pero se ha tenido que cancelar, lo que implica que plazas por cubrir notificadas desde los centros en las últimas jornadas, lógicamente no incluidas en el segundo, tendrán que esperar algún día más para tener profesor asignado.

El sindicato mayoritario, el STEPV, informó ayer de que un problema técnico en el procedimiento de admisión de alumnos ha provocado que en diferentes escuelas oficiales de idiomas el volumen de alumnado sea insostenible, con más de medio centenar de estudiantes por grupo, algo «inasumible» con el profesorado asignado. De ahí que la organización exigiera a la administración una solución urgente, que puede pasar por incorporar más docentes, opción que aunque no se descarta se concretará una vez se inicien las clases el próximo día 26.

Así lo explicó José Antonio Rovira, quien atribuyó el problema informático a otro regalo envenenado de los anteriores gestores. La idea es esperar a que se inicie el curso para comprobar «la asistencia real de alumnos» -muchas veces no se acaban presentando al ser estudios postobligatorios, dijo-, y poder así «adoptar las medidas oportunas». Lo que no está encima de la mesa es que se impartan clases en otros espacios como auditorios.