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Se llaman a sí mismos supervivientes y sin duda lo son. Representaron la solidaridad y la esperanza en mitad de una Unión Europea que decidió mirar hacia otro lado ante un drama humanitario. Los 629 inmigrantes que llegaron al puerto de Valencia a bordo de Orione, Datillo y Aquarius fueron recibidos como héroes y tenían motivos para estar más que felices ya que tras días a la deriva el recién estrenado Gobierno presidido por Pedro Sánchez había decidido abrir las puertas, permitir el desembarco de todos ellos y concederles asilo. Lograron su sueño de dejar atrás la guerra, el hambre y la pobreza en busca de una vida mejor y la gran mayoría de ellos pidió protección internacional en España con la seguridad de que esos gestos de las autoridades les ayudarían a poder instalarse en el país sin problemas. Pero justo dos años después de su llegada aseguran sentirse olvidados y denuncian que no pueden regularizar su situación.
Estas son las principales críticas de la Asociación Aquarius Supervivientes 2018, una entidad que nació hace apenas seis meses y que ha tratado de dar voz a un colectivo que se siente desamparado. Sus representantes denunciaron ayer en una rueda de prensa en el Espai Sankofa de Valencia que aunque se les ha permitido acceder a ayudas durante los primeros 18 meses en España ahora se han quedado «sin nada». «Agradecemos al Gobierno español que nos aceptara hace dos años pero hoy estamos sin ningún apoyo ni asistencia» para vivir, trabajar o estudiar. «Queremos hacer más cosas pero no tenemos oportunidades, no tenemos derechos», lamentaron los integrantes de la asociación, que apuntaron que su único objetivo es regular su situación en España ya que recuerdan que llegaron «de forma legal e invitados por las autoridades».
De los 629 inmigrantes que desembarcaron el 17 de julio de 2018, 78 fueron desplazados a Francia y 551 se quedaron en España, donde fueron distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas. A todos ellos se les entregó la denominada tarjeta roja de asilo, que les permite identificarse, acceder a ayudas y trabajar. El problema radica en que parte de estas personas están perdiendo la tarjeta al rechazarse sus expedientes, un proceso que está siendo mucho más costoso de lo esperado. De los 374 que solicitaron protección internacional, el Gobierno tan solo ha tramitado 66 actas y de ellas ha rechazado 49, el 75%. Del resto, 8 han sido aceptadas y 9 archivadas, sin saber de forma clara cual es el resultado de las últimas. Desde la asociación temen este alto índice de solicitudes rechazadas, que incluyen hasta gente que contaba con un contrato laboral, y piden que se reconsidere la situación.
«Cuando llegamos a España esperábamos un buen futuro» pero eso «no es posible» porque el Gobierno «hace muchas promesas pero no hace nada» y no regulariza su situación, denunciaron. Solo quieren seguir con sus vidas, de manera digna y legal, pero están preocupados por su futuro: «No podemos respirar», insistió Moses Von Kallon, presidente de la entidad. «Nuestra vida se rompió en Libia y después aquí, pensábamos que tendríamos una vida digna pero no. Pedimos al Gobierno que nos regularice ya, llevamos dos años esperando, sin apoyo, sin nada, muchos sin casas para vivir, mientras los que se fueron a Francia ya tienen su vida y sus papeles. Nacer africano es mi problema. Ninguna persona nace migrante», subrayó. Los representantes de la asociación parafrasearon uno de los lemas de las manifestaciones por la muerte de George Floyd al asegurar «que no podemos respirar». Además, afirmaron que se han quedado fuera de los paquetes de medidas del Gobierno activados por la pandemia del coronavirus y que tampoco pueden acceder al ingreso mínimo vital pese a que apuntaron que muchos de ellos han luchado contra la enfermedad en pequeños trabajos de desinfección, en el campo recogiendo alimentos o incluso ayudando en Cruz Roja.
Desde la asociación también aprovecharon para pedir más flexibilidad con la tarjeta roja que es su único documento legal, ya que creen que el hecho de que se tenga que renovar cada seis meses imposibilita contratos de larga duración. Pese a todas las críticas, también quisieron agradecer toda la ayuda recibía por parte de las administraciones y particulares y señalaron que su único objetivo es que España pueda convertirse en su nuevo hogar. Por último, llamaron a acudir el próximo sábado 20 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado, a una movilización en la plaza de Patraix, en Valencia, a las 20 horas.
La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, quiso responder a las afirmaciones y sentenció que a lo inmigrantes del Aquarius «no se les ha olvidado». Tal y como informó Europa Press, Calero indicó «que son procedimientos complejos y, ante ellos, no hay soluciones rápidas ni fáciles». «Hay algunos ya regularizados y otros, por su complejidad, se seguirán estudiando y tratando», remarcó la delegada del Gobierno.
Moses Von Kallon es el presidente de la Asociación Aquarius Supervivientes 2018 y como todos los que viajaban en los barcos de rescate ha sufrido para poder llegar a España. Este hombre nacido en Sierra Leona hace 26 años afirma que estudiaba para ser economista pero la difícil situación de su país le llevó a tomar la decisión de que era mejor abandonarlo antes de que se complicaran más las cosas.
Desde que desembarcó del Aquarius Moses ha tratado de buscar un trabajo para asentarse aquí. «Queremos trabajar y contribuir con impuestos en España», afirma Moses, que en los últimos 24 meses ha ido encadenando trabajos temporales en el campo, el sector de la construcción y hasta el automovilístico. Afirma que todos los que llegaron a Valencia quieren buscar un trabajo y en ningún momento se plantean vivir de las ayudas pero apunta a que esto no siempre es posible.
Moses sabe que no se puede permitir rechazar ningún tipo de empleo y ahora que ha logrado uno de un mes de duración tiene claro que va a darlo todo para intentar que le renueven. «Se que no voy a poder trabajar de economista pero aún así quiero vivir aquí», remarca y asegura que su objetivo, si puede lograr a estabilizar su situación y tener todos los papeles en regla, es estudiar en España la carrera de Economía. «Sería un sueño poder trabajar de lo que he querido toda la vida pero de momento va a tener que esperar», sentencia.
Emili Sini representa al colectivo de las mujeres del Aquarius que ha tenido que luchar contra el fantasma de la prostitución y la violencia machista además de contra todas las dificultades que se encuentra un inmigrante cuando abandona su país. Tal y como relata esta mujer de 42 años, se vio obligada a dejar Nigeria, su país natal, y desplazarse hasta Libia «por la gran violencia» que se vivía en el estado africano.
Emili, que se formó como auxiliar de enfermería, terminó en Libia, donde pudo asentarse al encontrar trabajo. Durante unos años, Emili pudo llevar una vida tranquila pero en el momento en el que estalló el conflicto armado en Libia «todo cambió» y tuvo que replantearse la situación. El detonante fue cuando se encontró la puerta de su vivienda rota y el interior totalmente desvalijado y tras ver que no podía hacer nada para remediarlo se vio obligada a volver a buscar un nuevo hogar.
Emili vive en la actualidad en Valencia y ha logrado encontrar un trabajo como limpiadora aunque asegura que «apenas le da para vivir». Gran parte de su pequeño sueldo lo gasta en alquilar una habitación que comparte con otras tres mujeres inmigrantes, a las que trata de ayudar con lo que puede. Asegura que las mujeres en una situación como la suya «lo tienen aún más difícil que los hombres» y por ello trata de aportar su experiencia, trabajo y dinero ya que quiere evitar que sus compañeras tengan que recurrir a la prostitución.
Mok Kamara llegó ilusionado a España tras abandonar Sierra Leona. A sus 27 años tenía ganas de comenzar una nueva vida en un país en el que la violencia no estaba a la orden del día y que sabía que tenía una mayor estabilidad política y económica. A lo largo de estos meses, se ha encontrado varias piedras en su camino pero este joven no ha perdido aún la ilusión y quiere seguir luchando.
Mok había trabajado durante seis meses de cocinero en un bar pero la crisis generada del coronavirus le impidió renovar su contrato y ahora se ha quedado sin empleo y subsiste como puede. Sin embargo, Mok tiene otros problemas y, además de la falta de trabajo, le preocupa mucho poder regularizar su situación en el país. «Me preocupa no saber si me van a renovar la tarjeta de asilo» destaca este joven, que indica que tiene una cita para revisar su solicitud el próximo mes y no sabe lo que le va a pasar. «Cuando llegamos aquí creíamos que iba a ser más fácil encontrar trabajo pero con la tarjeta de asilo suelen intentar que trabajes sin contrato«, revela Mok, que también incide en que muchos empresarios cuando les enseña el documento rechazan contratarle porque o no conocen que es totalmente legal o saben que puede ser revocada en cualquier momento. »Espero poder terminar de regularizar los papeles para dormir tranquilo«, apostilla.
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