Los inmigrantes del 'Aquarius' pasarán más de ocho meses en España al pedir el asilo

Prácticamente todos los inmigrantes del 'Aquarius' asistidos el domingo en el puerto de Valencia -a excepción de uno- firmaron la petición de asilo que les permite acogerse al permiso de 45 días de entrada extraordinaria por razones humanitarias en territorio nacional; una especie de presolicitud que, al menos los que quieran quedarse en España, deberán empezar a concretar en este mes y medio. Sin embargo, casi la mitad de ellos -en concreto, 274- manifestaron su intención de solicitar el asilo en Francia, país que, de momento, parece que va a colaborar en la acogida de estos migrantes, según indicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El Gobierno francés examinará las situaciones «caso por caso», como señaló el domingo su portavoz, Benjamin Griveaux; y un equipo de la oficina francesa de protección de refugiados llegará en los próximos días a Valencia, como anunció ayer su director general, Pascal Brice. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por su parte, lamentó ayer que esta posibilidad de elegir entre Francia y España generara confusión entre los inmigrantes. Además, al hacer las identificaciones, la Policía Nacional no encontró a ningún migrante que tuviera antecedentes penales o prohibida la entrada en España, por lo que no se abrió ningún expediente de expulsión.

Por otra parte, aquellos que mostraron su intención de pedir asilo en España (355) y los que, finalmente, no sean trasladados al país vecino, pasarán aproximadamente ocho meses en territorio nacional antes de que sea admitida a trámite o no su solicitud. Los que no pasen este primer filtro tendrán 15 días para abandonar el país.

Así, según explicó a LAS PROVINCIAS Paco Solans, abogado especialista en Extranjería y uno de los letrados que asistieron a los inmigrantes en su desembarco en Valencia, estas personas tendrán que formalizar su solicitud de asilo. Para ello, primero tienen que pedir cita previa para una entrevista personal en la que deberán argumentar los motivos por los que piden la protección internacional. «Casi ninguno lleva documentación, por lo que va a depender de que el relato que cuenten sea verosímil y cuadre con el país de origen», detalló. Después de la entrevista -la cita previa cuenta, en la actualidad, con una demora de unos seis meses- pasan unos dos meses hasta que se comunica la admisión o no a trámite de la petición; por lo que, como mínimo, aquellos que no sean desplazados a Francia pasarán en España más de ocho meses. Eso sí, siempre y cuando el Gobierno no habilite un servicio extraordinario que agilice este trámite, supuesto del que todavía no hay noticias.

En los casos en los que la petición de asilo se admita a trámite, se expide un permiso de residencia provisional mientras se estudia el expediente de cada solicitante, un periodo que, de media, se alarga unos dos años, como apuntó Solans. Pasado ese plazo, y si es positivo, el solicitante puede o bien obtener el estatus de refugiado, lo que se traduce en un permiso de residencia permanente y preferencia para poder solicitar la nacionalidad; o la protección internacional, que supone un permiso de residencia y trabajo sometido a renovaciones y enmarcado en el régimen general de Extranjería. Este experto confía en que los casos en que haya inadmisiones a trámite o en los que, una vez concluido todo el proceso, se denieguen las figuras de protección supongan una minoría. Además, recordó que, aquellos que su solicitud sea admitida a trámite, a partir de los seis meses siguientes podrán trabajar legalmente en España, ya que en ese plazo suelen expirar las ayudas para la acogida de la Administración.

En el caso de los 126 menores no acompañados la situación varía, puesto que han pasado directamente a estar acogidos y tutelados por la Generalitat, por lo que serán legalizados en un periodo máximo de nueve meses y contarán con documentación y permiso de residencia. Estos niños se encuentran «muy bien» y «muy seremos» aunque llevan consigo una «gran carga emocional» sobre la que los profesionales van a empezar a trabajar, indicó ayer la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tras visitar en Alicante el centro donde están acogidos 113 de ellos. Otros 13 se encuentran en Castellón.

También tienen un tratamiento distintos aquellos que hayan sido víctimas de trata de personas (principalmente mujeres y adolescentes) que, si colaboran en la investigación, pueden obtener un permiso de residencia condicionado a que ésta sea eficaz, agregó Solans.

Por último, y en relación a las seis mujeres embarazadas (la séptima sufrió un aborto), este especialista indicó que los países de origen suelen reconocer la nacionalidad, por lo que los pequeños, en el caso de que su madre consiga regularizar su situación, podrían solicitar la nacionalidad española después de un año con residencia legal en España (y al haber nacido en el país).

En lo que se refiere a su estancia ya en Valencia, la gran mayoría (415 hombres, 52 mujeres y nueve niños) pasaron la noche del domingo en el complejo socioeducativo de Cheste, como avanzó este diario el pasado sábado, donde se alojarán el tiempo «indispensable», ya que se va a intentar que, a la mayor brevedad posible, puedan ser reubicados «en estancias más estables según sus condiciones», según la secretaria provincial de Cruz Roja en Valencia, María Ruiz. En total, 332 ayuntamientos ya se han ofrecido para acoger a estos inmigrantes y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se reunirá hoy con representantes de Cruz Roja, ACCEM y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para coordinar el proceso.

Por otra parte, el barco 'Aquarius' zarpará «muy probablemente» mañana del puerto de Valencia para continuar con las operaciones de búsqueda y rescate de inmigrantes en aguas del Mediterráneo, según fuentes de Médicos Sin Fronteras.