La incertidumbre de los inmigrantes que llegan en patera a la Comunitat

En un contexto en el que las relaciones diplomáticas entre el Gobierno español y Argelia han sufrido un deterioro, la Policía Nacional carece de capacidad de maniobra. Cabe recordar que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado en el puerto de Alicante, estrenado en 2022, tiene centralizada la gestión de las pateras que llegan a la Comunitat.

En las últimas semanas, se ha disparado la localización de pateras en la Comunitat, alcanzándose unas cifras que inquietan a las autoridades debido a la falta de herramientas y recursos. Según los datos facilitados por Cruz Roja, 164 de las 348 personas atendidas en Alicante se han concentrado en agosto. Persiguen oportunidades, aunque con un elevadísimo riesgo. El mar, en ocasiones, depara un destino cruel. Precisamente, el pasado domingo, hallaban en la playa de Gandia una pierna que, según la principal hipótesis, procede de un reciente naufragio.

La mayor parte de estos inmigrantes, argelinos casi en su totalidad, han quedado en la calle un día después de llegar al carecer de documentación y no ser reconocidos por su país de origen. Se trata de una situación que deja a la Policía Nacional sin capacidad para retenerlos.

Tras el rescate en alta mar, ejecutado por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, Cruz Roja se encarga siempre de las atenciones iniciales y de los pertinentes traslados a centros médicos. Cuando esta institución confirma que los inmigrantes se encuentran en buenas condiciones a nivel sanitario, interviene la Policía Nacional. Entonces se produce la detención por entrada irregular en el país.

La mayoría de las personas rescatadas se presentan completamente indocumentadas. Así, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad simplemente pueden registrar los datos personales que los propios inmigrantes expresan en el CATE. Al mismo tiempo, se realiza la lectura de derechos.

La Policía Nacional puede mantenerlos detenidos durante un máximo de 72 horas. El proceso se está agilizando y, en 24 horas aproximadamente, se incoa un expediente de expulsión. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la propuesta de devolución no puede prosperar debido a la falta de implicación por parte del Consulado de Argelia. Un dilema que se arrastra desde hace un año y que va agravándose.

Para poder tramitar las expulsiones, es necesario que Argelia reconozca a estos inmigrantes como ciudadanos propios resolviendo los pertinentes procesos de documentación. Sin embargo, las trabas puestas por el Consulado hacen inviable ejecutar la orden de devolución.

Ante la falta de documentación que acrediten su identidad y procedencia, la mayoría de los inmigrantes que llegan en patera quedan en la calle y en situación irregular un día después de su rescate. La Policía Nacional se pone en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para trasladar la situación y, a partir de ahí, entran en acción diferentes ONG que les ofrecen la posibilidad de ser acogidos en centros o pisos ubicados en Alicante, Valencia, Madrid, Albacete...

Antes de que surgieran las actuales trabas, la Policía Nacional trasladaba a todos los inmigrantes llegados en patera a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para completar el proceso de documentación previo a su expulsión. Unos trámites burocráticos que deben llevarse a cabo a través del Consulado. Durante los 60 días de los que se dispone para culminar el procedimiento, los desplazados permanecían en un CIE con la autorización de un juez.

Ahora, ante la falta de colaboración del Consulado, la mayoría de inmigrantes argelinos que llegan a Alicante no pueden ser trasladados a un CIE. «El Consulado de Argelia no tramita pasaportes a aquellos que no tienen NIE, a no ser que les demuestren que ese pasaporte es para regresar a Argelia. Entonces aquellos que no tienen pasaporte y creen que se lo pueden hacer aquí, se encuentran con la sorpresa de que no se lo tramita el Consulado. El país receptor tiene que reconocer que estas personas son ciudadanas suyas. Y si tú no tienes ningún documento ni pasaporte que dice que esta persona es argelina, Argelia se lava las manos. Así como el Consulado de Marruecos le tramita los pasaportes a todos, el de Argelia no», comenta Julián Salazar, educador social y experto en migración.

En lo que va de año, Cruz Roja registra 25 intervenciones de emergencia por pateras en Alicante. 13 de ellas en agosto. Y entre las 348 personas atendidas, hay 316 hombres y 32 mujeres. 45 son bebés, niños o menores.

Salazar, quien ha dirigido varios centros de menores inmigrantes y presidió el Colegio de Educadores Sociales de la Comunitat, destaca las herramientas utilizadas por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat en los últimos años.

«Gestionan una serie de recursos que van en la línea de hacer una buena inserción de estas personas hasta conseguir el permiso de residencia y trabajo. En la Comunitat los recursos que hay para atender a personas migrantes son bastantes. Se ha hecho un esfuerzo por atender a estas personas y que puedan conseguir los papeles y tener una salida profesional», explica Salazar, quien analiza el proceso: «Primero hay que tener en cuenta al CAI (Centro de Atención al Inmigrante) del Ayuntamiento de Valencia. Y desde hace dos años, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha generado un número suficiente de plazas para poder atender a estas personas a través de entidades sociales concertadas».

Salazar hace hincapié en la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por en julio de 2022: «Se crea una nueva opción. Y es el permiso de residencia para la formación. Los requisitos son dos años en España, no tener antecedentes penales y comprometerse a hacer un curso de formación oficial. Las órdenes de expulsión caducan a los dos años. Este permiso para la formación lo que quiere es sacar esa bolsa de mano de obra en B. Y cuando una persona pide un arraigo social, este arraigo está condicionado a que tenga una oferta de trabajo. A los 15 días, la empresa le tiene que dar de alta en la Seguridad Social».