«Si no ganaba 200 euros me agredían con el cable del móvil, a puñetazos y patadas». Esta frase corresponde una declaración policial de Florina Gogos, la joven prostituta rumana de 19 años estrangulada y arrojada a una acequia en Silla. Primero, presunta víctima de una mafia de trata investigada por la Policía Nacional. Después, asesinada supuestamente por el empresario al que la Guardia Civil arrestó el miércoles.
Amenaza. Agresión. Muerte. Es la realidad a la que están expuestas las más de 10.000 mujeres que a diario viven prostituidas en la Comunitat Valenciana. Son los datos que la Conselleria de Justicia maneja sobre un fenómeno considerado ya un brazo más de la violencia machista y que pretende abolir con futuros cambios legales.
«Temo acabar como Florina, pero no tengo otra opción», confesaba Romina, otra 'hermana' del asfalto de la joven asesinada, tras el hallazgo de su cadáver. Ayer seguía la prostitución en la zona. «Lo hago por necesidad», dicen ellas, «nadie mi obliga». No es lo que revelan las investigaciones policiales. O los datos de la Generalitat: «el 95% de las prostitutas son víctimas de trata», destacó la directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such. Según datos de Justicia, cada día 8.500 hombres pagan 762.000 euros por sexo con mujeres prostituidas en las tres provincias. La actividad mueve 278 millones de euros al año, que es el 0,24% del Producto Interior Bruto valenciano.
Carmen Escriche es abogada especialista en Derecho Administrativo de Domingo Monforte Abogados: «Es un reto social y jurídico erradicar la prostitución. Deberá iniciarse un proceso de concienciación acompañado de avances legislativos sancionadores y represores de este tipo de prácticas».
Según la experta en leyes, la situación jurídica actual en la que se encuentra la prostitución es de «alegalidad». ¿Cómo podría ilegalizarse? «Se pretende reformar el Código Penal con la llamada tercería locativa, que es el lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona». Es decir, la «figura posibilitaría castigar con penas de prisión hasta de tres años a los responsables de locales que se lucran con la prostitución». La explotación sexual «sí está ya penada», ahonda. Pero en demasiadas ocasiones impera el miedo a denunciar a los proxenetas.
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