Inspectores y directores advierten de que no llevar a los hijos a clase es ilegal

Dejar a los hijos en casa por miedo a los contagios en los centros, postura que gana peso de cara a septiembre, no es una opción legal. Al menos a día de hoy, pues las leyes y decretos que regulan el absentismo no contemplan esta cautela preventiva teniendo en cuenta que la educación es obligatoria entre los seis y los 16 años. Así lo advierten tanto los inspectores como los directores, que recuerdan además que las ausencias reiteradas sin justificación deben ser perseguidas, en el sentido de que es obligatorio actuar para atajar la situación.

«Hoy por hoy, y a la espera de que se puedan definir nuevas instrucciones -en referencia a las reuniones sectoriales de mañana- las ausencias injustificadas no están amparadas por la ley, tampoco por decisión de la familia», dice Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie). «Los centros deben llevar un control de asistencia. Si hay una justificación, constará en el registro del centro. Si no, cuando se acumulan las reiteraciones se derivan otras actuaciones», señala.

En este sentido añade que una ausencia se justifica «por razones de causa mayor», básicamente por prescripción facultativa, y las consecuencias del absentismo reiterado sin explicación razonable dependen de los protocolos de cada región. En la valenciana se actúa sobre la familia en base a los planes propios de los centros y en colaboración con los gabinetes municipales (desde apoyos sociales hasta programas de acompañamiento). Sólo si no se corrige la situación -casos muy graves- se puede llegar a la intervención de los Servicios Sociales y a una denuncia ante la Fiscalía de Menores.

«Respecto a casos de voluntad paterna, se puede llegar a entender la incertidumbre, pero los menores tienen derecho a la educación. Que se queden en casa implica privarles del mismo y que se resienta el proceso de enseñanza y aprendizaje», añade.

En relación a la cuestión de que la decisión se acompañe de la petición de recibir enseñanza online, explica que la postura lógica es que el centro advierta de que «los alumnos reciben formación en las aulas», que es el modelo fijado por las administraciones. «No podemos renunciar a la presencialidad sin más», añade. A su juicio, hay que «explicar a las familias de forma detallada y entendible los planes de contingencia, mantener una comunicación fluida y trasladar tranquilidad».

«Necesitamos comprensión y colaboración para que los centros sean todavía más seguros», coincide Ginés Pérez, presidente de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adipv). «La no asistencia por decisión propia no se contempla, sólo se permite en caso de colectivos vulnerables con el correspondiente informe médico», señala. «Y la opción de que reciban unos clases presenciales y otros en casa, si los colegios están abiertos y son seguros, es inviable técnicamente y no sería legal», reflexiona.

Respecto a cómo proceder, recuerda que además del control de las faltas, en casos de absentismo hay que aplicar los protocolos, y si la situación no mejora, comunicarlo a los Servicios Sociales y a la fiscalía. «La asistencia es obligatoria», sentencia.

Desde Educación no llegan a precisar si se va instar a los centros a estar más vigilantes o se permitirá cierta flexibilidad atendiendo al escenario excepcional. «Nuestra tarea no se centra en penalizar, sino en garantizar todas las medidas de seguridad», señalan. Sí explican que en la reunión entre los ministerios de Educación, Sanidad y las autonomías una de las cuestiones a abordar es cómo actuar ante posibles ausencias vinculadas a la crisis.

A día de hoy las instrucciones oficiales son claras: hay que controlar la asistencia y actuar si hay faltas reiteradas sin justificación. Y a nivel normativo, son diferentes las leyes y decretos que recuerdan que es obligación de los padres que sus hijos «cursen de manera real y efectiva los niveles obligatorios», así como garantizar su asistencia, por recurrir a la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Sin olvidar que el decreto de organización de Primaria y Secundaria fija entre las funciones de los directores «velar por el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, favoreciendo su participación y propiciando la disminución del absentismo».