Los inspectores también examinarán a los nuevos profesores y a los directores

El cambio de rumbo fue anunciado a finales de septiembre por el secretario autonómico, Daniel McEvoy, con unas declaraciones en las que criticaba que el Botánico hubiera eliminado este papel supervisor de los inspectores «incumpliendo su propio decreto», que recogía, entre las competencias de estos profesionales, el «participar en la evaluación de la práctica docente y la función directiva mediante procedimientos públicos y objetivos».

Los profesores en prácticas, los que acaban conseguir plaza tras una oposición, ejercen durante un año con la supervisión de un tutor, convirtiéndose al siguiente en funcionarios de carrera a todos los efectos y siempre que superen este periodo, que es lo que sucede en la práctica totalidad de los casos.

Como explican fuentes de la conselleria, desde este mismo ejercicio «se va a pedir a todos los inspectores que hagan visitas a las aulas para evaluar y emitir un informe sobre su trabajo, lo que permitirá certificar su aptitud para el puesto a nivel objetivo y desde un ámbito externo». Hasta ahora, añaden, sólo se realizaban dos a nivel interno, uno del director del centro y otro del docente que ejerce de tutor.

El cambio consiste en que para que el profesor en cuestión sea considerado apto deberá tener el visto bueno de los tres informes. «Se trata, en definitiva, de realizar una evaluación global sobre el profesorado en prácticas, un informe de trescientos sesenta grados que aporte objetividad sobre su tarea y con el que se compruebe el desempeño de todas sus competencias profesionales», añaden desde Educación.

En cuanto a plazos, la previsión es que el 30 de noviembre se nombre a los tutores de los docentes en prácticas y que a partir de diciembre puedan empezar a realizarse las visitas a los centros. Y respecto al alcance, al menos hay 1.600 profesionales que aprobaron las oposiciones del pasado verano, si bien pueden darse casos excepcionales de profesores que la superaron el año previo pero no pudieron iniciar las prácticas por cuestiones personales.

La novedad ha sido bien valorada por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie-Cv), organización mayoritaria entre el colectivo de la Comunitat. «La OCDE ya nos indicaba en sus evaluaciones externas que un sistema educativo no puede ser mejor que sus profesores, luego ha de ser una prioridad para cualquier administración educativa el seleccionar a los mejores en todas sus facetas y competencias profesionales», señalan desde la organización, que añade que el nuevo papel del inspector del centro «garantizará a la sociedad que en el proceso de prácticas los opositores hayan demostrado sus competencias profesionales».

Por su parte, el informe vinculante para la renovación de los directores afectará a 155 cargos, que son los que este curso finalizan alguno de sus mandatos de cuatros años. Cabe recordar que tras el nombramiento tienen derecho a dos renovaciones, pudiendo permanecer al frente del centro durante doce cursos consecutivos. Después, si quieren continuar, ya deben participar en el procedimiento de selección, que es distinto y en el que cabe la posibilidad de que concurran otros candidatos.

La resolución que regula el proceso de renovación se publicó la pasada semana, tras pasar por la mesa sectorial, con un ligero matiz respecto a los que impulsaba el Botánico. «Antes los informes eran elaborados por el consejo escolar, el claustro y la inspección, pero este no tenía el valor que se le da en la nueva normativa», apuntan desde la conselleria.

La decisión última depende de una comisión de evaluación formada por representantes de la administración, dos directores de centros y un inspector externo, que deben fundamentar si el aspirante es apto o no en base al proyecto de dirección que se presente, así como en el pronunciamiento del consejo escolar y del inspector del centro, entre otros criterios.

Hasta este curso, si estos dos informes eran positivos, se aprobaba al candidato. Si el primero salía desfavorable, no renovaba. Y si el segundo lo desaprobaba, la citada comisión debía realizar una valoración adicional, incluyendo las alegaciones del interesado y un nuevo análisis de la propuesta (viabilidad, rigor e inclusión de aspectos relacionados con la atención a la diversidad, entre otros elementos). Es decir, la pelota quedaba en manos del citado órgano.

Con la nueva regulación, el aspirante renovará si los dos informes son favorables, y no si alguno es desfavorable, permitiéndose «excepcionalmente» en este caso que la comisión de evaluación recurra al segundo análisis. «Básicamente, se equipara el informe de la inspección al pronunciamiento del consejo escolar», concluyen las mismas fuentes.